El consejo ejecutivo de la Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes el incremento de 400 nuevas plazas de Mossos d’Esquadra que, sumadas a las 900 de la última convocatoria hecha a principios de septiembre, supondrán 1.300 policías. En este sentido, el Departamento de Interior y Seguridad Pública se ha marcado como objetivo revisar el techo de 22.006 efectivos que se fijó en 2021 en la Junta de Seguridad de Cataluña. Se quieren estudiar otras opciones para asegurar que, efectivamente, la plantilla que finalmente se considere adecuada y se decida corrija los déficits estructurales y que, en el mismo tiempo, sirve para mejorar y reforzar la capacidad y el nivel de servicio del cuerpo y, con esto, la seguridad publica en Cataluña, al menos a medio plazo.
Según el gobierno catalán, esta ampliación de agentes da respuesta a las actuales necesidades en materia de seguridad, dado que los riesgos a los cuales se enfrenta la sociedad y la Policía de la Generalitat en 2024 poco tienen que ver con las previsiones basadas en los típicos indicadores de referencia que hasta ahora se han utilizado para calcular plantillas de efectivos policiales. A consecuencia de esto, se considera que se ha ido arrastrando un déficit estructural de efectivos que limita las posibilidades de dar la mejor respuesta posible a las necesidades de seguridad de Cataluña.
Se pretende que el nuevo techo de plantilla sea capaz de atender tres necesidades de la seguridad pública de Cataluña. Primero, corregir los actuales déficits de capacidad de los Mossos d’Esquadra. La policía catalana ha desarrollado un modelo y estilo propio de atención y seguimiento de las víctimas, de proximidad y de relaciones con la comunidad y se han creado servicios especializados como los Grupos de Atención a las Víctimas (GAV) y las Oficinas de Relaciones con la Comunidad (ORC). De esta forma, la protección y proximidad a la víctima y a los ciudadanos más vulnerables se han convertido en un atributo de calidad y un sello de la misma institución policial, dice el ejecutivo catalán. Además de estos servicios, se han creado nuevas especialidades, se han puesto en funcionamiento 10 nuevas oficinas de atención directa al ciudadano y varias comisarías de distrito.
En segundo lugar, el gobierno catalán considera que hay que adaptar la capacidad a las nuevas necesidades sociales y la demanda de seguridad: a la gestión ordinaria de la seguridad ciudadana y la necesidad de reforzarla a través de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) y al mantenimiento del orden público, hay que añadir el abordaje y gestión de fenómenos y riesgos, actuales y emergentes, complejos tanto desde el punto de vista de su origen y causas como de la dificultad para trabajarlos, puesto que tienen múltiples dimensiones y derivadas.
Se trata de cuestiones como el terrorismo y la radicalización; el cibercrimen; el hacktivismo y la ciberseguridad; las violencias contra la mujer, las minorías y colectivos vulnerables; la delincuencia urbana y la multirreincidencia; el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado; la ocupación ilegal de propiedades; la propensión social a la intolerancia y al conflicto; el incivismo y la polarización social y política (extrema derecha); la emergencia climática y los desastres naturales; la migración y los refugiados, y la seguridad en grandes manifestaciones.
Finalmente, el gobierno de la Generalitat quiere cumplir con la responsabilidad y el compromiso adquirido con los ciudadanos de ofrecerles unos servicios públicos de la mejor calidad. En este sentido, considera hay que tener en cuenta que la proximidad es intensiva en factor humano y requiere plantillas con la dimensión suficiente para poder ser verdaderamente presentes en las calles y las villas y accesibles a los ciudadanos.
