La actual dirección del Departamento de Justicia de la Generalitat ha recordado este miércoles que la información reservada abierta por el bloqueo de las prisiones, la pasada primavera, por parte de los funcionarios la cerraron el 4 de julio los anteriores responsables de la consejería.
Según fuentes del actual departamento, que encabeza el consejero Ramon Espadaler, un secretario sectorial archivó la investigación porque «no se ha constatado ninguna actuación que pueda ser susceptible de reproche disciplinario».
En las protestas de los funcionarios, por la muerte de una cocinera a manos de un preso en el centro tarraconense Mas d’Enric, los trabajadores bloquearon los accesos a los complejos entre el 14 y el 20 de marzo, y abandonaron sus puestos de trabajo.
La Sindicatura de Greuges advirtió el pasado julio de que las protestas, que no estaban amparadas por ninguna petición de huelga, habían provocado el confinamiento «forzoso» de 4.000 internos en sus celdas. Justicia, en cambio, afirma que los servicios en las cárceles quedaron cubiertos.
Este miércoles, entidades de derechos humanos y familiares de presos han considerado «muy grave» el archivo del caso. Han indicado, de hecho, que se afectó al derecho a salir de las celdas, ya que se les confinó «sin ninguna causa legal». También sostienen que se vulneró el derecho a acudir a diligencias judiciales, a comunicar con sus letrados, a recibir asistencia médica y psiquiátrica y la imposibilidad de ver a sus familiares en las visitas programadas.
