Entidades de derechos humanos y familiares de presos han considerado «muy grave» el archivo de la investigación del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña sobre el bloqueo de las prisiones sin ninguna consecuencia. Las organizaciones apuntan que la síndica de greuges dictaminó que las protestas de los funcionarios «causaron la vulneración masiva de derechos fundamentales de más de 4.000 presos» como por ejemplo el derecho a salir de las celdas, puesto que se los confinó «sin ninguna causa legal». También ven vulnerado el derecho a acudir a diligencias judiciales, a comunicar con sus letrados, a recibir asistencia médica y psiquiátrica y la imposibilidad de ver a sus familiares en las visitas programadas.
Las entidades y familiares ignoran completamente cómo se ha tramitado esta investigación puesto que han asegurado que no se ha citado, informado ni notificado ningún procedimiento a ninguno de los denunciantes. Han defendido que igual que se aplican procedimientos disciplinarios a los presos cuando cometen faltas, se tendría que hacer con los funcionarios públicos «que hicieron una grave dejación de funciones». «Nadie se imaginaría utilizar a niños en escuelas ni a pacientes enfermos en hospitales para ejecutar acciones parecidas», han manifestado.
Con todo, han asegurado que hubo una grave afectación emocional, de salud mental y de respeto mínimo por los derechos de los presos y sus familias y, por todo ello, han reclamado que en nombre de la transparencia y la rendición de cuentas se solicite a través de la Comisión de Justicia del Parlamento conocer la tramitación de la investigación y la resolución final.
Entre las entidades firmantes se encuentran Justicia i Pau, la Asociación de Familias de Presxs de Cataluña, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, AlertaSolidaria, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, Irídia, la Red antirrepresión de familiares de detenidas y Observa.
