La consellera de Interior, Nuria Parlon, y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, han acatado la interlocutoria del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de enviar a los juzgados de Barcelona la causa sobre la fuga de Carles Puigdemont el 8 de agosto, al ver posibles delitos, y han insistido este jueves en el «compromiso de transparencia y colaboración».
Por otro lado, Trapero ha reafirmado su apoyo a los Mossos y el compromiso del cuerpo con el «cumplimiento de cualquier orden judicial».
«Libraron el informe requerido y cualquier resolución judicial que se derive la respetamos», ha afirmado la consellera, que también ha subrayado que «las cosas se podrían haber hecho mejor». «Hablamos de un procedimiento judicial con derivadas judiciales. No tenemos que hacer valoraciones, tenemos que respetarlo», ha añadido.
Llarena ha enviado al juzgado de Barcelona los informes aportados por los Mossos d’Esquadra y el Ministerio del Interior sobre aquel día. A su parecer, su contenido «impide excluir la participación otros responsables no aparentes en los delitos previstos en los artículos 408 y 451.3b del Código Penal», que se refieren a la omisión del deber de perseguir delitos por parte de funcionarios y al encubrimiento o colaboración en la fuga de un responsable de un delito. Llarena cree que los informes no muestran impedimentos para que Puigdemont hubiera podido ser detenido antes de unirse a la aglomeración de personas.
