El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, PatxiLópez, ha expresado este martes el rechazo de su formación a la propuesta de su socio en el ejecutivo, Sumar, que plantea que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan la prohibición temporal de la compra de viviendas en zonas tensionadas para usos que no sean la residencia habitual o el alquiler asequible. En una entrevista en TVE, López ha afirmado que esta es una medida «extrema» y «contraproducente» porque «mucha gente compra su segunda residencia y evidentemente la compra en zonas tensionadas porque muchas veces son zonas turísticas donde uno quiere pasar sus vacaciones».
Según Sumar, el objetivo de su propuesta es «poner límite de manera inmediata a la espiral especulativa de la vivienda» y limitar lo que consideran «usos impropios» de los pisos para redirigir la oferta inmobiliaria hacia el mercado de alquiler a largo plazo. Desde el espacio que lidera Yolanda Díaz han presentado toda una lista de iniciativas que negociarán ahora con el PSOE para que salgan adelante en el marco de las próximas cuentas estatales.
Para el PSOE, sin embargo, la medida va mal encaminada porque «equivoca el foco del problema» de la vivienda. Según López, hacen falta «medidas integrales» que «tienen que ver con la construcción de vivienda pública de alquiler» y adoptar decisiones «para que las zonas tensionadas no estén en manos de fondos que especulan y expulsan de las ciudades a sus propios vecinos». También, según López, mediante modificaciones de la ley del suelo para que haya suelo a disposición pública para poder construir estas viviendas».
«No hagamos medidas que son contraproducentes para la vida del ciudadano y no nos equivoquemos», ha advertido, porque hay que diferenciar entre este ciudadano que puede tener una segunda residencia con «los grandes tenedores de apartamentos y de viviendas que los ponen después al mercado para especular». El portavoz socialista también ha añadido que las comunidades autónomas tendrán que «echar una mano» porque «de momento es el Gobierno de España quien está construyendo casi 80.000 viviendas en este país, pero hay comunidades autónomas que, teniendo todas las competencias, se han lavado las manos».
