El Tribunal Constitucional (TC) estudia si las comunidades autónomas y las asambleas regionales tienen competencias para recorrer la ley de amnistía aprobada el pasado mas de mayo en el Congreso del Diputados. Actualmente, hay una decena de instancias elevadas por los gobiernos autonómicos del PP y por los parlamentos de Aragón, Murcia y Cantabria. También hay un recurso del gobierno de Castilla la Mancha, donde gobierna el socialista Emiliano García Page, quien ha tenido varios enfrentamientos con Pedro Sánchez. En todos estos casos, el recurso no se ha suspendido, pero que se están analizando. En cuanto al recurso presentado por los diputados y senadores del PP, fuentes del tribunal consultadas por la ACN este lunes detallan que no hay dudas sobre su admisibilidad.
Durante este mes de septiembre, las comunidades autónomas gobernadas por el PP han ido presentando los recursos que habían anunciado previamente contra la ley de amnistía. Madrid, Andalucía, Cantabria, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana los registraron pocos días antes de la Diada del 11 de septiembre.
En todos los casos, los recursos van acompañados de la petición de recusación de varios magistrados considerados progresistas y a quienes el PP vincula con el PSOE para intentar volcar la mayoría. A estas iniciativas se suma la de los grupos del PP en el Congreso y el Senado, que al sumar más de 50 legisladores tienen la capacidad constitucional de poder hacer este paso, cosa que no pasa con Vox, que tiene 33 diputados y 3 senadores.
Barones populares como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han afirmado últimamente que su gobierno actúa contra la amnistía «en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes», aun así, se tiene que confirmar si los gobiernos autonómicos tienen potestad en esta cuestión.
Entre seis meses y un año
Desde el TC remarcan que la resolución de la cuestión de fondo de la ley de amnistía se resolverá en un plazo de entre seis meses y un año. Los recursos de amparo se resolverán mediante una sentencia unificada, mientras que los recursos presentados por el PP y las comunidades autónomas y las cuestiones de inconstitucionalidad tendrán cada uno su respectiva sentencia.
