El pasado día 9 de septiembre, el ex primer ministro italiano Mario Draghi presentó a la UE su informe «El Futuro de la Competitividad Europea: Análisis en Profundidad y Recomendaciones» en el que, y de forma muy gráfica y sintética, se plantea que la UE aumente las inversiones en 800.000 millones de euros anuales para financiar reformas radicales y rápidas para evitar que la Unión se quede detrás de Estados Unidos y China, llegando a una aportación extraordinaria equivalente al entre 4,4-4,7% del PIB de la UE, llevando la inversión el PIB a los niveles de la década del 70′.
El documento establece 170 propuestas que parten de 15 bloques sectoriales y cinco políticas horizontales pero en síntesis podríamos decir que hace referencia específica a innovación y digitalización, infraestructura energética común -basada en renovables, pero con advertencias respecto a economías que dependen del carbono- y una política de defensa común por preservar intereses geopolíticos estratégicos, con una nueva gobernanza.
Draghi ha solicitado a la UE que, además de apoyar una revisión completa de la forma en que se recaudan fondos de inversión, incluyendo «nuevos fondos comunes y activos compartidos», también inste a Bruselas a promover una reorientación significativa de la política económica, que comprenda desde el alivio de las normas de competencia, la integración de los mercados de capitales, nuevas agendas comerciales, mayor homogeneidad de diversas políticas fiscales y arancelarias, y un conjunto de medidas que ya intentó aplicar cuando como presidente del BCE salvó, literalmente, al euro.
Hay algo que no puede negarse a su talante: coraje, pero con una actitud siempre de sangre fría. Ahora bien. ¿Será factible?, es lo que pregunta todo el mundo. Y aquí se plantean muchos interrogantes de los que destacaría los siguientes:
– Generalitat de la mayoría de las propuestas, sin aclarar los pasos necesarios para conseguirlas.
– Demasiada insistencia en la desregulación que podría perjudicar a los países que tienen mayor control sobre su mercado financiero o ir en detrimento de la capacidad competitiva de las pymes, aparte de la limitada referencia a cómo proteger, en un marco de aceleración inversora , los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En Europa existen ya experiencias de este tipo, tanto fiscales como laborales, que generan hondas desigualdades en rentas y presión fiscal.
– La transición justa tienen lagunas que podrían hacer no suficientemente compatibles el enfoque en la competitividad con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de la UE.
– Excesivo énfasis en medidas fiscales y financieras sin tener en cuenta suficientemente las necesidades de mejora del talento, la formación en general y especialmente la continua y clara referencia a los riesgos potenciales de exclusión social.
– No existe un suficiente reconocimiento y aplicación a la realidad de la importante diferencia y desigualdad regional. Ya la diferencia entre países es muy grande pero cuando entramos en regiones la diferencia es brutal. Sin intentar introducir un factor demagógico, la diferencia entre Severozapaden (Bulgaria), con 9.000 euros PIB per cápita, con la Île de France, con 65.000 euros PIB per cápita, nos indica el largo recorrido necesario en Europa, no sólo económico sino con las necesidades que requerirían las regiones, porque están muy infradotadas de las infraestructuras necesarias para esa transformación.
– Todo el planteamiento requerirá de un modelo de gobernanza más ágil, más innovador, más dinámico, más atrevido, más valiente, cosa que no se ve a corto plazo aplicable.
– La reforma del mercado laboral, como la reducción de la carga tributaria sobre los ingresos laborales, puede enfrentar resistencia política significativa. Algunos temen que tales reformas puedan debilitar los sistemas de bienestar social sin proporcionar mecanismos claros para compensar los ingresos perdidos por el Estado.
No podemos negar que el informe presenta una aproximación muy correcta a nivel descriptivo, sin embargo algunos déficits informativos, y una actitud proactiva para superar el gap, que, como bien plantea el informe no es de muerte, pero sí de “lenta agonía” . En cualquier caso, es un impulso muy necesario.
La desconfianza que nos viene es: ¿hay suficiente coraje, consenso político, consenso social y sobre todo liderazgo y visión estratégica? Con la aplicación de sus recomendaciones y sus implantaciones nos sacaremos de dudas. Mientras, conviene apoyar, seguramente con correcciones y concreciones, la iniciativa para evitar los riesgos de que la inmovilidad y la inoperancia hagan perder, de nuevo, a Europa su posibilidad de participar en el nuevo combate geopolítico y geoeconómico que hoy el mundo está jugando.
