Tal y como están las cosas en el universo barcelonista, la exigencia de reabrir las puertas de la asamblea a los socios con la determinación de realizar un verdadero ejercicio de participación, opinión e interpelación supone, desde luego, un problema real y un obstáculo para los planes de Joan Laporta de cara a la validación de las cuentas del ejercicio 2023-24 y también una dificultad añadida a la hora de despachar los asuntos asamblearios frente a socios dispuestos a levantar la mano y expresar libremente sus pensamientos y voluntad. Todo lo que se parezca a una asamblea plenamente democrática supone hoy una complicación y una molestia para un presidente con una mirada totalitaria y dictatorial que asusta.
Pero como también es astuto y hábil, o al menos lo era antes en los escenarios adversos, especialmente en el ámbito social, ha reaccionado con presteza y se diría que anticipadamente al primer movimiento público y trascendente de Som un Clam, la plataforma que anunció su intención de fiscalizar la gestión de la junta con una destaca exhibición de apoyos y empatía en torno a dos figuras principales, las de Joan Camprubí y Jordi Roche. Contra la demanda de una asamblea presencial, abierta y que garantice los derechos de los socios, Laporta ya ha convocado una rueda de prensa para este martes, en principio para dar explicaciones del ridículo y vergonzoso desarrollo del mercado de verano. El anuncio se produjo pocas horas después de que se diera por confirmada su presencia en el arranque de temporada de El Món (RAC1) este lunes, en un anticipo de la sesión abierta con los medios un día después.
Si no busca el cuerpo a cuerpo y actúa al margen de ese impulso napoleónico que le pide cerrar más aún la asamblea ordinaria de octubre y reforzar el toque de queda impuesto a los socios, Laporta debería avanzar el anuncio de la vuelta a la presencialidad y a la plena participación asamblearia antes de provocar una guerra que, desde luego, no le reportaría beneficios y, al contrario, le daría notoriedad al colectivo Som un Clam y argumentos de sobra para una campaña de presión social y hasta legal para forzar el regreso a la normalidad democrática.
Con ese consentimiento, Laporta le concedería una pequeña victoria a Som un Clam, grupo surgido inicialmente con la perspectiva y la vocación de convertirse en candidatura de cara al 2026 que, a la vista de la alarmante situación económica, financiera, patrimonial y social, decidió darle visibilidad a su columna vertebral, anunciar que se ponía manos a la obra y, como así ha sido, hacer coincidir el inicio formal del curso tras las vacaciones con una reivindicación tan estatutaria y legítima que hasta causa angustia y sorpresa preguntarse cómo se ha llegado a este surrealista escenario en el que los socios han de exigir el cumplimiento de uno de los pilares fundamentales de la democracia barcelonista y de sus estatutos.
Desde que Laporta vio peligrar una votación en la lejana asamblea de octubre de 2021, cuando pidió a los compromisarios poder endeudar el club en 1.500 millones para el Espai Barça, el atropello de los derechos de los socios ha sido digno de un régimen tiránico, en este caso en nombre de la digitalización y de la democracia telemática que sólo ha conseguido reducir a mínimos históricos la asistencia, virtual por supuesto, y a prácticamente cero la participación directa.
Por este motivo, Som un Clam ha salido a exigir la recuperación de los parámetros democráticos “después de un verano donde ha quedado patente la crítica situación del club, en ningún caso normalizada como pretenden hacernos creer, sino agudizada con una falta de planificación flagrante y con nula transparencia hacia los únicos y auténticos propietarios del club, sus socios y socias”. Som un Clam dice “dar un paso adelante” para “exigir explicaciones y responsabilidades a la Junta Directiva. Y la próxima Asamblea General tiene que ser un clamor (Clam) por la transparencia y por la asunción de responsabilidades ante la deriva económica, institucional y social del club de estos últimos años”.
La base de su reivindicación no es menor, pues alerta del “riesgo de extinción de su modelo social” y anuncia la convocatoria de un acto de presentación oficial a primeros de octubre, avanzando desde ahora “un llamamiento para que la Asamblea sea realmente un órgano de control por parte de los socios, con la máxima transparencia y participación. Y, está claro, permitiendo la presencialidad de los socios y socias compromisarios. La Asamblea no puede seguir siendo telemática. Basta de excusas. Ya llevamos unos años celebrando la Asamblea de forma telemática, y ya no hay nada que lo justifique. Ni la pandemia, ni el número de compromisarios a convocar, ni ninguna ley que lo requiera. Ya no hay ninguna excusa para que el Barça vuelva a las Asambleas presenciales de acuerdo con su identidad social, identificada con los principios democráticos de la participación y la pluralidad, de la intervención y el intercambio de opiniones”.
Si Laporta no da por resuelto el tema rápidamente con una respuesta convincente sobre el formato de la próxima asamblea de octubre se meterá en otro lío mayúsculo, quizá aún más que haber de presentar unas cuentas ciertamente problemáticas, sea cual sea el criterio final del auditor.