(Este artículo refleja la comunicación presentada en el Ier Congreso Federal, Barcelona, 29 y 30 de junio, 2024)
La característica esencial, necesaria y suficiente de un sistema federal es la existencia de dos órdenes de gobierno garantizados constitucionalmente, cada uno de los cuales disfruta de una relación democrática directa con el pueblo y ejerce poderes significativos. Lo fundamental, por tanto, de un gobierno federal es lograr una “verdadera asociación” y en ningún caso una “dominación” del gobierno federal sobre las entidades federadas que se autogobiernan.
En los sistemas federales el “sentido” y la “racionalidad” son dos elementos claves. El concepto de «políticas con sentido» hace referencia a políticas públicas que están fundamentadas en principios éticos, racionales y que buscan el bienestar general. El “sentido” político implica que esas políticas sean efectivas, que se utilicen los recursos de manera eficiente, maximizando los beneficios para la sociedad y minimizando los costos, tanto económicos como sociales.
Por políticas “racionales” entendemos aquellas que se basan en un proceso de toma de decisiones lógico, deliberado, no coactivo y en el que se consideran cuidadosamente los objetivos, las opciones disponibles, las consecuencias y los recursos necesarios para implementarlas. Este enfoque implica que las políticas racionales se fundamentan en datos concretos y evidencias empíricas. Se basan en análisis cuidadosos de la información disponible, incluidos estudios de investigación, estadísticas y opiniones de expertos, para comprender los problemas y las posibles soluciones. Además, las políticas racionales establecen objetivos claros y definidos, se identifican los resultados deseados y se definen los criterios para evaluar el éxito o el fracaso de las políticas establecidas.
Ya Tocqueville en el siglo XIX, resaltó que la ventaja del federalismo consiste en ser un sistema democrático que permite la formulación de políticas que reflejen las diferencias en las condiciones y preferencias sociales de diferentes regiones. Una segunda virtud del federalismo radica en gobernar desde dos o más niveles. Un elemento clave en el sistema federal, es que la acción de las unidades constituyentes federadas pueda desempeñar un papel instigador e impulsor de las acciones y políticas de los otros entes federados e incluso de las acciones a nivel nacional. Es decir, las dinámicas que se establecen en los sistemas federales desencadenan “refuerzos de la acción política” a todos los niveles. Todo ello no excluye que las unidades constituyentes pueden continuar impulsando objetivos políticos generales con programas que complementen y aumenten los implementados por el gobierno de la federación. Dicho en palabras más sencillas: la existencia de múltiples jurisdicciones crea el potencial para que los gobiernos aprendan unos de otros. Hace tiempo que se vio que una ventaja del sistema federal es el hecho de que abre la posibilidad de un territorio o comunidad haga “experimentos” en materia de legislación y administración”. Si estos “experimentos” resultan dignos de emulación, se difundirán en los sectores horizontales y verticales de la gobernanza federalista. En este último caso, se puede considerar que los experimentos desempeñan un papel “catalizador” de la acción del gobierno central. Es decir, esta “experimentación política” permitiría distinguir entre las soluciones que son efectivas o eficientes y sobre lo que es políticamente factible o practicable.
Una de las decisiones políticas más enconadas a la hora de debatir, aprobar y establecer un Estado Federal es el sistema fiscal. Una de las preguntas más conflictivas es ¿deben todos los ciudadanos de un Estado Federal recibir las mismas prestaciones sociales (salud, enseñanza e infraestructuras) o por el contrario esas prestaciones pueden diferir en la medida que los impuestos recaudados por el elemento federado puedan repercutir en esas prestaciones? Precisamente en este ejemplo, tiene “sentido” preconizar la igualdad de prestaciones sociales, pero sólo sería racional en los casos en que las cargas impositivas fuesen iguales. No se puede decidir bajar los impuestos propios por un lado y luego pedir fondos de las partidas solidarias o de compensación. No asumir que la recaudación de impuestos puede y debe revertir en prestaciones sociales a la ciudadanía, ni es razonable políticamente, ni creo que tenga futuro. En este siempre delicado tema, el elemento armonizador son los fondos de cohesión (o reparto solidario) y sobre todo como se definen (con reglas medibles y objetivas), cómo se gestionan y cómo se supervisan.
En resumen, las políticas con sentido y racionales son aquellas que se desarrollan tras una deliberación abierta, basadas en análisis de datos y evidencias, con claridad de objetivos, evaluación de alternativas, consideración de costos y beneficios, y flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes. Este enfoque busca maximizar la efectividad y eficiencia de las políticas públicas en la búsqueda del bienestar y el interés general.
