El 8 de junio murió Virgínius, un hombre que durante mucho tiempo estuvo deambulando por las calles de Canyadó, en Badalona, hasta que se instaló en el cajero de CaixaBank, situado en la calle Pomar de Baix. Virgínius, si bien para algunos vecinos suponía un problema, para otros formaba parte de su cotidianidad e incluso le ayudaban. Era natural de Lituania y, muchas veces, había manifestado que quería volver a su país, pero no era fácil encontrar los recursos necesarios dada su situación de sinhogarismo.
Dado su estado de salud, no explicaremos la odisea que supuso para algunos vecinos y vecinas el conseguir que le trasladaran a un hospital para ser atendido y, sobre todo, para evitar que muriera en la calle.
Tenemos información sobre las personas fallecidas o los accidentes que ocurren en domicilios particulares, centros sanitarios y otros lugares y esto nos ayuda para la prevención y respuesta adecuada en situaciones de emergencia. En Cataluña, por ejemplo, existen procedimientos establecidos para la notificación de accidentes laborales y la asistencia sanitaria, que incluyen la definición de accidentes laborales, los protocolos de notificación y los circuitos de asistencia sanitaria según el régimen de la Seguridad Social al que esté adscrito el trabajador. Además, los derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud están claramente definidos, incluyendo el acceso a la atención sanitaria sin discriminación, la confidencialidad de la información personal y genética, y el derecho a ser informado y dar consentimiento informado.
Ahora bien, ya no es tan fácil tener información sobre los suicidios, un problema de salud pública que puede ser prevenido con la ayuda de profesionales y el apoyo de la comunidad. Es importante destacar, sin embargo, que el suicidio no es resultado de una única causa, sino que a menudo existen factores de riesgo múltiples como trastornos mentales, experiencias traumáticas, o situaciones de crisis personal. Por eso, la prevención del suicidio debería ser una prioridad de salud pública, si bien requiere el esfuerzo conjunto de toda la sociedad.
La problemática del sinhogarismo es otra realidad que afecta a personas de todo el mundo. En Barcelona, por ejemplo, se ha documentado que más de 1.200 personas viven en la calle y más de 4.200 personas se consideran sin hogar, incluyendo a aquellas que viven en asentamientos, albergues u otros tipos de alojamiento.
En Badalona, también hay más de un centenar de personas viviendo en la calle y otros muchos que viven en infraviviendas, naves abandonadas o locales inapropiados. Desgraciadamente, la falta de visibilidad de estas personas debido, en gran parte, a que la administración -como es el caso de Badalona- les niegan los derechos más básicos, es un gran problema para su asistencia y protección.
Muchas veces, las personas sin hogar no tienen acceso a servicios básicos como la atención médica, y esto puede conducir a consecuencias graves, incluyendo la muerte.
Aunque no hay datos exactos sobre el número de personas sin hogar que mueren a diario en la calle, esta situación refleja una crisis humanitaria que requiere una respuesta urgente y coordinada de las administraciones y la sociedad en su conjunto.
Pese a que hay entidades sociales que trabajan incansablemente para ofrecer apoyo y recursos a estas personas, no es suficiente y queda mucho por hacer para garantizar que ninguna persona tenga que vivir o morir en la calle.
No podemos olvidar que el derecho a una vida digna es un principio fundamental reconocido internacionalmente, que implica que todas las personas deberían tener acceso a un nivel de vida adecuado que incluya alimentación, ropa y refugio, así como a la protección social en circunstancias como la invalidez, la viudedad, el paro o la vejez.
La defensa de este derecho implica también el compromiso de los gobiernos por evitar situaciones de injusticia, discriminación, violencia o explotación que atenten contra la dignidad humana. En este sentido, las administraciones tienen la responsabilidad de crear políticas y programas que promuevan la inclusión social y eviten que las personas se vean forzadas a vivir en la calle, proporcionando recursos y apoyo a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y asegurar así que los derechos humanos sean una realidad para todos, sin excepción.