Otro de los asuntos que ha sobrepasado todos los límites y entrado en una dimensión desconocida es el llamado Barçagate, por culpa del pasotismo, la ineficiencia y el servilismo hacia la junta de Joan Laporta de un sector de los Mossos d’Esquadra dedicado a proteger los intereses estratégicos del presidente del FC Barcelona. Una desviación lamentable de la ética y del sentido del servicio público que, por desgracia, tiende a malgastar el dinero de los ciudadanos desde 1 de marzo de 2021, el tiempo que la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos de los Mossos lleva intentando prolongar inexplicablemente la instrucción. El pasado 29 de julio venció otra de las prórrogas con la solicitud, de todas las partes, encima de la mesa de la jueza Alejandra Gil, titular del Juzgado número 13 de Barcelona, para ampliarlo seis meses más. La enésima vez.
El principal motivo es que los Mossos aún no han conseguido encontrar el menor indicio acusatorio que sostenga la causa que se pretende desde el primer minuto: demostrar que el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, urdió, diseñó y desarrolló una trama de acoso y derribo en las redes sociales contra una serie de personajes del entorno del club y de sus propios jugadores. La misma jueza, en autos que ha firmado a lo largo de estos meses para dirimir y rechazar la solicitud de piezas separadas del caso a propuesta de los Mossos -la mayoría de las veces disparatada-, ya ha apuntado que, con las pesquisas policiales realizadas hasta la fecha, esta acusación no se sostiene.
La declaración del principal investigado, Josep Maria Bartomeu, no ha tenido lugar aún precisamente porque la defensa del expresidente, por parte del penalista José María Fuster-Fabra, insiste en que no tiene sentido comparecer ante el tribunal sin saber exactamente de qué se le acusa, pues hasta ahora, a pesar de que esa unidad de investigación de los Mossos ha registrado y rebuscado una y otra vez en todo el material posible requisado desde hace tres años, se ha limitado a asociar la supuesta participación de Bartomeu en esa trama solo basándose en su cargo como presidente y como probable responsable subsidiario. O sea, por elevación. En ningún caso, como es la pretensión de la parte acusadora, como directo instigador del delito de haber enviado tuits críticos, un ángulo judicial que la jueza no piensa permitir. De ahí tanta demora y rodeos.
La prolongada e injustificada ausencia del informe clave de los Mossos, que, por otro lado, ha perdido el tiempo filtrando informes ajenos a la causa y basados en actuaciones reprobadas por la propia jueza, ha venido a confirmar ese sospechoso comportamiento de la policía judicial, sin que hayan mediado tampoco otras diligencias ni otras causas a la que atribuir tanto retraso ni ese mal olor de probable negligencia.
La verdad es que el caso y su desenlace le interesa ya poco o nada al barcelonismo. El célebre Barçagate se reduce hoy a episodios cada vez más cortos de los cantores de su descubrimiento y revelación periodística, el espacio Què t’hi jugues! de la SER, que no solo se ha dedicado amplificar todos y cada uno de los desvaríos de los Mossos, sino también a emitir sistemáticamente un veredicto de culpabilidad sobre la figura del expresidente a lo largo de los años con la misma tenacidad y entusiasmo que, por el contrario, han omitido para relatar otras derivaciones del caso.
Por ejemplo, en ese programa apenas se han dedicado minutos y debates al hecho de que los tribunales, finalmente, desestimaran la querella de Jaume Roures por calumnias e injurias referidas al caso, o que el despacho de abogados Molins Defensa Penal, del prestigioso letrado Pau Molins, haya denunciado pinchazos de mensajes y correos electrónicos prospectivos por parte de los Mossos d’Esquadra en el marco del Barçagate. El bufete ha exigido a la sala que ataje las «escandalosas» intervenciones de emails, incluso los enviados entre «abogados», como se describe en el escrito alzado ante el juzgado de instrucción en el que advierte de pinchazos «escandalosos» de Whatsapp y correos electrónicos entre profesionales y sus clientes, pero también entre abogados, algo que considera «inaudito», lamentando que los policías hayan «revelado ilícitamente» un correo enviado por una de las letradas a un compañero. La comunicación, «privada y confidencial», no solo se analiza, sino que «se tergiversa», ha señalado Molins como una «vulneración del derecho-deber de secreto profesional».
Por un caso de posible «prevaricación» ha planteado a la jueza que rechace el oficio policial y que cite a tres agentes, un subinspector y dos efectivos de la Unidad de Delitos Económicos como testigos, ya que su conducta podría constituir dos delitos: prevaricación y revelación de secretos. Además, el bufete Molins Defensa Penal pide «amparo» a la titular de la sala, la jueza Alejandra Gil, porque entiende que la intervención es «desafortunada, desproporciona e innecesaria y sin legitimación judicial». Se trata de una actuación «irregular, inaudita y, ahora, incluso delictiva». En ese contexto, argumenta que “pinchar redes de mensajería y correos sin orden judicial supone una usurpación de funciones del juez instructor de un caso”.
Esto es en que lo que se ha convertido el Barçagate finalmente, en una especie de batalla librada por unos cuantos periodistas, alineados con cierto sector de cuerpo de los Mossos, obsesionados con conseguir una condena mediática contra la antigua junta de Bartomeu, sobre todo contra el expresidente, que cada vez parece estar más lejos de fraguarse en un juzgado. Seguramente este es el problema, que detrás de tanto ruido y de tanta exclusiva a lo mejor no había ningún delito.
