El acuerdo de investidura entre el PSC y ERC al que dio el visto bueno la dirección de Esquerra Republicana ayer supone una aproximación y reconocimiento mutuo de las propuestas federalistas e independentistas que representan a los dos partidos políticos. Las 25 páginas de las que se compone determinan un Plan de Gobierno que casi hace inevitable que ERC, además de avalar la presidencia de la Generalitat de Salvador Illa, entre en un gobierno tripartito de izquierdas del que formen parte también los comunes.
La sintonía entre el federalismo del PSC y el independentismo de ERC se recoge en los primeros párrafos del pacto donde se señala que “el independentismo de izquierdas y el federalismo de izquierdas han tenido la capacidad de establecer confianzas, de alinear objetivos y de sumar esfuerzos en diferentes momentos históricos, siempre con el horizonte compartido de que Cataluña gane soberanía para garantizar así el progreso social y económico de la sociedad catalana”.
Tras un repaso de las crisis políticas que se han vivido en Cataluña en los últimos años desde el recorte del Estatuto de Autonomía aprobado en 2010, se detallan los cuatro compromisos esenciales del acuerdo: “Construir una solución al conflicto político, impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia una plena soberanía fiscal, reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña y asegurar la continuidad de unas políticas públicas que garanticen el impulso de un sistema productivo y servicios públicos centrados en la búsqueda de la prosperidad compartida y el bienestar y las oportunidades para el conjunto de la ciudadanía”.
En el capítulo de la “Resolución del conflicto político” se habla del inicio de una nueva etapa que contenga los siguientes elementos: “El debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucional y jurídicamente este reconocimiento y la necesidad que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía, y favorezcan la creación de un amplio consenso sobre el futuro de Cataluña”. PSC y ERC se comprometen a impulsar en el primer Pleno del Parlament una Convención Nacional para la resolución del conflicto político que hará un seguimiento y monitorización de la aplicación de la ley de amnistía y que será presidida por un representante de Esquerra Republicana .
El «Acuerdo por un nuevo modelo de financiación singular» reclama «que sea la Generalitat la que gestione, recaude liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña y aumente sustancialmente la capacidad normativa con coordinación con el Estado y la Unión Europea» y encarga esta función a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los impuestos de naturaleza local. Fija que «la aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña y la aportación a la solidaridad». Esta solidaridad, según el acuerdo, «debe estar limitada por el principio de ordinalidad». Los redactores del acuerdo son conscientes de que la puesta en marcha de este nuevo sistema de financiación requerirá un proceso de transitoriedad por la complejidad de su implementación.
En el apartado «Catalunya es una nación con lengua propia y voluntad de proyectarse en el mundo» se hace referencia a la puesta en marcha de un Pacto Nacional por la Lengua en el plazo de cien días después de la formación del nuevo gobierno y con una dotación de 200 millones de euros que refuerce su presencia en la sociedad. Incluye el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas y la consolidación y ampliación de la actual red de delegaciones de la Generalitat en el extranjero.
Por último, el capítulo de políticas públicas viene a ser la aprobación de la gestión realizada por el actual gobierno de ERC y el compromiso del nuevo ejecutivo de continuar trabajando en la misma dirección en ámbitos como la energía, agua, la movilidad y los trenes, la empresa, la vivienda, la educación, la salud, la cultura, los derechos sociales, el deporte, la agricultura, la agroalimentación, los feminismos o la seguridad.
El pacto incluye una agenda legislativa con el compromiso de la elaboración de nueve leyes concretas el primer año de legislatura y doce más en el resto del mandato.
Por último, se creará una Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Investidura formado por tres miembros de cada partido para evaluar su ejecución y resolver las dudas o conflictos que puedan surgir en su desarrollo.
