El Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, ha constatado en un informe que solo 259 municipios catalanes, un 27%, ha elaborado el censo sobre el amianto que todas las poblaciones debían haber preparado como muy tarde en abril de 2023, según estableció en 2022 una adicional a la ley de residuos y solo contaminados para una economía circular.
Además, la institución ha apuntado que solo 27 de los que sí han hecho el censo, el 2,9% del total, han fijado un calendario de retirada, recoge la ACN. Por su parte, los municipios han apuntado que la normativa no ha ido acompañada de los recursos económicos y humanos necesarios.
El Síndic, que encabeza Esther Giménez-Salinas, ha reclamado que la erradicación del fibrocemento sea una prioridad para el futuro gobierno de la Generalitat, que se defina una normativa «exhaustiva» y se destinen los recursos necesarios.
El uso del amianto se prohibió en 2022, pero sigue presente en cubiertos de edificaciones, depósitos de agua o tuberías. La Generalitat publicó en abril de 2024 el primer censo de cubiertas de fibrocemento, según el cual en 945 de los 947 municipios catalanes había cubiertas de este tipo.
Según el informe difundido este lunes, la normativa existente está centrada en las previsiones de seguridad y salud laboral cuando se manipula o retira al amianto. Ve este planteamiento correcto, pero no suficiente, por lo que ha pedido ampliar la perspectiva a la protección del medio ambiente ya la salud pública de las personas expuestas a este contaminante. Esto es para el Síndic relevante, ya que la mayor parte del amianto presente en el país ha agotado su vida útil y, en consecuencia, debería retirarse, añade la misma información.
Por otra parte, el informe ha constatado la dificultad para retirar este material. Además, ha pedido valorar de forma muy exigente el uso de técnicas alternativas a la retirada definitiva, sobre todo porque comporta aplazar la solución del problema y trasladarla a generaciones futuras.
Para la institución, debería priorizarse la retirada en aquellas instalaciones en las que pasen más tiempo colectivos vulnerables, como pueden ser los niños. Mientras la retirada no llega, ha planteado realizar pruebas, más allá de inspecciones visuales, para confirmar que el material no requiere una intervención inmediata.
