Lágrimas de cocodrilo es una expresión que se utiliza para referirse al llanto falso o de alguien que no siente verdadera pena o arrepentimiento. El origen de esta frase se basa en una antigua creencia de que los cocodrilos lloraban mientras devoraban a sus víctimas, aunque se debe a una secreción que tienen en sus ojos.

En Badalona estamos acostumbrados a los desahucios que se producen a diario. También en los derrumbes de edificios por el estado de abandono y la precariedad de muchas de las viviendas de nuestra ciudad. Ya es algo habitual y nadie intenta buscar una solución a este grave problema.
Ahora bien, cuando ocurre una tragedia como la que sucedió en una finca de la calle Canigó, donde tres personas murieron a causa del derrumbe del inmueble donde vivían, saltan todas las alarmas y eso nos conmueve a todos y todas y nos hace reflexionar sobre la importancia de la seguridad y prevención en las construcciones.
Las primeras condolencias llegan de las autoridades, ya que todas lamentan los hechos, pero no reconocen que son muertes evitables si se toman medidas preventivas y se ayuda a las personas más vulnerables.
Todos queremos expresar nuestro pésame más profundo a los familiares y amigos de las víctimas, así como nuestro apoyo y solidaridad.
Las autoridades van más allá y todas ellas manifiestan que esperarán a que se puedan esclarecer las causas de este terrible accidente y que, a continuación, se tomarán las medidas necesarias para evitar que accidentes de este tipo vuelvan a repetirse.
Nadie puede negar que la vivienda pública, así como un buen mantenimiento de los edificios, es una cuestión clave para el desarrollo social y económico de la ciudadanía, tanto en Cataluña como en el resto de España.
Sin embargo, la realidad es que la oferta de vivienda pública es muy inferior a la demanda existente, lo que genera situaciones de precariedad, exclusión y vulnerabilidad para muchas personas y familias.
En particular, la gente joven tiene graves dificultades para acceder a una vivienda pública que les permita emanciparse y vivir con dignidad, o para encontrar un alquiler que se adapte a sus posibilidades económicas.
Esta situación contrasta con la de la mayoría de los países de la Unión Europea, donde la vivienda pública tiene un peso mucho mayor en el parque residencial y se considera un derecho fundamental.
Por eso, los gobiernos deben impulsar políticas públicas que garanticen el acceso universal a una vivienda pública de calidad, justa y sostenible, como una herramienta para la cohesión social y el bienestar colectivo.
Es inadmisible que los gobiernos -local, autonómico y estatal- sigan sin dar una respuesta adecuada a la grave situación que viven miles de familias, en Badalona y en todas partes, que no pueden acceder a una vivienda digna y asequible.
Ignorar esto, los problemas de la vivienda, sólo nos demuestra la hipocresía de aquellos que tienen la responsabilidad y la obligación de velar por el bienestar de las personas más necesitadas y vulnerables, y debemos exigir que se tomen medidas urgentes y efectivas para garantizar el derecho a la vivienda, como la movilización del parque de viviendas vacías, la regulación de los precios del alquiler, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y la creación de un fondo social de viviendas públicas.
No podemos hacer caso omiso de esta situación, que pone de manifiesto la falta de compromiso y de sensibilidad social de quienes ostentan el poder y el deber de proteger los derechos y necesidades de las personas más desfavorecidas y desprotegidas.
La vivienda es una necesidad básica para la vida digna de las personas. Sin un lugar en el que vivir, no se puede garantizar el acceso a otros derechos como la salud, la educación, el trabajo o la participación social.
Por eso, la vivienda no puede ser tratada como una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado y a la voracidad de los especuladores. La vivienda debe ser un derecho que tenemos todas las personas, reconocida y protegida por las administraciones públicas.
Son necesarias políticas públicas que aseguren el acceso universal a una vivienda adecuada, asequible, segura y sostenible, que respete la diversidad de necesidades y preferencias de la ciudadanía.
No debemos esperar una nueva tragedia.