La aplicación de la ley de amnistía no es la que se esperaban algunos independentistas y, mucho en especial, el expresidente Carles Puigdemont. Su sueño de volver a continuación a Cataluña, libro de todas las imputaciones judiciales que lo perseguían, para asistir –como prometió en– el debate de investidura en el Parlamento, se ha desvanecido. Los jueces Pablo Llarena y Joaquín Aguirre, con sus acusaciones de derroche de dinero público y alta traición contra Puigdemont, han bloqueado su retorno y han dejado viva, por lo tanto, la orden de detención inmediata que tiene si pisa territorio español.
Este escenario le provoca pánico. En primer lugar, porque podría pasar meses encarcelado, mientras se resuelven los recursos que presenten sus abogados. En segundo lugar, porque su detención sería una victoria del enemigo español que Puigdemont no quiere ni puede admitir. Ya no es eurodiputado y, por lo tanto, su estancia en Waterloo ha dejado de tener sentido. Carles Puigdemont está desconcertado y se rompe la cabeza por cómo encarar su futuro personal y político inmediato. La idea de volver a hurtadillas y refugiarse en el Parlament para impedir así su detención es una absurdidad sin ningún tipo de recorrido.
