La ley de amnistía cumple este jueves un mes de vigencia y ya se han beneficiado plenamente al menos 74 personas, 50 de las cuales son policías -46 policías nacionales y cuatro mossos-, 20 manifestantes independentistas y cuatro cargos públicos, según los datos recopilados por la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Los tribunales de Madrid (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal de Cuentas) han amnistiado algunos delitos, pero muchos procesados tienen alguno todavía pendiente de amnistiar, como por ejemplo la malversación. El grosor de las amnistías se han concedido en Barcelona, tanto para los policías que agredieron a votantes el 1-O como manifestantes independentistas procesados por disturbios posteriores. En las provincias de Lleida y Tarragona no consta ninguna persona amnistiada, mientras que en Girona solo constan dos que son cargos públicos.
Los 74 amnistiados y las decenas de personas más pendientes de amnistía contrastan con las 486 personas afectadas de 82 procedimientos que calculaba la Fiscalía que se podían beneficiar de la medida de gracia. Òmnium Cultural hizo un cálculo superior, de hasta 1.616 posibles beneficiarios, 697 de ellos encausados penalmente y, de estos, 540 con procesos abiertos o sin sentencia firme, mientras que el resto ya tienen sentencia firme. Con este último recuento, Òmnium ha cifrado ahora en 4.584 las personas «represaliadas». También contabiliza 919 personas afectadas administrativamente, 875 sancionadas y 34 pendientes del Tribunal de Cuentas.
De momento, los amnistiados que ha podido confirmar la ACN son los 46 policías nacionales investigados por lesionar a votantes el 1-O en Barcelona; cuatro mossos d’esquadra pendientes de juicio por lesiones y contra la integridad moral en una manifestación independentista en Barcelona; el exconsejero de Interior MiquelBuch, condenado por contratar a un mosso como asesor para hacer de escolta del expresidente catalán Carles Puigdemont; este mismo escolta, LluísEscolà; la exalcaldessa de Figueres MartaFelip, pendiente de juicio por facilitar las votaciones del 1-O; y el secretario municipal de Hostalric, condenado por avalar una multa a unos ciudadanos que arrancaban lazos amarillos. Los otros 20 amnistiados son manifestantes independentistas investigados o condenados por disturbios en varias protestas en la ciudad de Barcelona.
La ley prevé un plazo máximo de dos meses para que se aplique a todos los afectados, pero muchos de ellos seguramente tendrán que esperar más porque algunos tribunales han decidido o prevén presentar cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cosa que ha parado al menos temporalmente su aplicación.
Por otro lado, en algunos pocos casos, los propios afectados no quieren que se les aplique la amnistía, aunque la Fiscalía sí que lo haya pedido para ellos. Es el caso de JosepCosta, absuelto pero pendiente de recurso al Supremo por formar parte de la Mesa del Parlamento que aceptó a trámite resoluciones independentistas. Tampoco pedirá la amnistía el exdiputado en el Parlamento y exregidor de la CUP en Lleida PauJuvillà, inhabilitado por desobediencia por no descolgar lazos amarillos de su despacho municipal en periodo electoral. También se opone a su amnistía el investigado por abroncar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en un restaurante de Mont-ras (Girona) en julio de 2018. El caso está pendiente de juicio.
Algunos sindicatos de la Policía Nacional se opusieron a la amnistía a los agentes procesados por agredir votantes el 1-O en Barcelona, y solo algunos de los afectados la pidieron, pero el magistrado instructor los ha acabado amnistiando igualmente.
