Solo un socio del FC Barcelona -uno entre los aproximadamente 150.000 que, se supone, figuran en el censo, pues la directiva de Joan Laporta tampoco ha informado del resultado definitivo de su actualización siete meses después de su finalización- ha tenido los arrestos, la determinación y el convencimiento necesarios para llevar ante la justicia ordinaria el escandaloso incumplimiento del acuerdo asambleario de 2021 y el posterior referéndum que lo ratificó sobre el coste y la ejecución del Espai Barça. La denuncia intenta demostrar que si Joan Laporta propuso a los socios votar una autorización para pedir un préstamo de como máximo 1.500 millones para el conjunto del Espai Barça, el acuerdo de financiación finalmente cerrado ha sido por 1.450 millones, que se han destinado exclusivamente a la reforma del estadio y, en parte, a reembolsarle a Goldman Sachs una importante cantidad del crédito ordinario que Laporta pidió ese mismo año para aliviar la presión de la deuda a corto plazo y que no ha podido devolver en las condiciones acordadas.
Después de que la directiva, por medio de una patética e inaceptable comparecencia del entonces vicepresidente económico Eduard Romeu y dos ejecutivos del área económica y financiera, diera a conocer una versión manipulada, engañosa y completamente alterada de la financiación liderada por Goldman Sachs y JP Morgan, el documento público del fondo de titulización que recogía los detalles del acuerdo suscrito y elevado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) demostró que esas condiciones, las presentadas ante la asamblea por Laporta y las verbalizadas por la junta posteriormente, no se correspondían.
La demanda interpuesta por el socio Ignasi Prat en el Juzgado de 1ª Instancia número 34 de Barcelona, recientemente admitida, lo que solicita técnicamente es la declaración de nulidad del acuerdo de fecha 26 de marzo de 2024 adoptado por la junta directiva del Barça por el que se archivó la denuncia presentada en su día ante la comisión de disciplina del club contra Joan Laporta, Eduard Romeu, Ferran Olivé y Joan B. Casas (presidente de la Comisión Económica) por ese incumplimiento de la asamblea general de compromisarios celebrada los días 17 y 23 de octubre de 2021. La reclamación acabó en que la ponente del caso, la propia vicepresidenta de la junta, Elena Fort, ahora responsable del Espai Barça desde la fuga del directivo Jordi Llauradó, demoró varios meses su tramitación hasta que la propia comisión de disciplina, presidida por Josep Cubells, secretario de la misma junta, resolvió acordar que no procedía a la denuncia en un ejercicio cómico y ridículo de estos órganos del club presuntamente garantes de los derechos democráticos de los socios.
Con esa resolución, Ignasi Prat, que no pertenece a ninguno de los grupos de oposición actualmente en marcha, ha acudido a la instancia civil con argumentos bastante sólidos que sustentan la demanda. Primero, recuerda el punto del orden del día sometido a la aprobación de la asamblea, formulado así:
«Autorizar la Junta Directiva para que realice las actuaciones que estime necesarias o convenientes para procurar financiación para el Proyecto Espai Barça por un importe que en ninguno *momento supere los 1.500 millones de euros de principal.
A los efectos de esta autorización:
· Se entenderá por financiación cualquier operación que (i) permita la obtención de financiación para llevar a cabo el Proyecto Espacio Barça; y (*ii) pueda garantizarse con los ingresos relativos a la explotación del Camp Nou, el Palau y el Campus Espai Barça, o pagarse con la cesión de estos ingresos en la cuantía necesaria para devolver la financiación y sus costes.
· El Proyecto Espacio Barça significará todos o cualquier proyecto de remodelación del Camp Nou, la construcción de un nuevo Palau polivalente y la construcción del Campus Espai Barça (áreas alrededor de los nuevos espacios)».
La asamblea lo aprobó por mayoría y posteriormente lo ratificó en un referéndum telemático. En la denuncia se aborda ante el tribunal el análisis y el resumen del fondo de titulización y se concluye que ese plan no contempla la financiación ni la construcción del nuevo Palau Blaugrana, un segundo Palau más pequeño, la pista de hielo y el resto de los equipamientos presentados en la documentación aprobada por los socios.
Argumenta, en concreto, que «este incumplimiento queda probado en la página 95 de la escritura del Fondo de Titulización donde se acuerda que a cambio del precio de compra de los ingresos cedidos por el Club, este tendrá que destinar todas las cantidades que reciba a los costes de realización del desarrollo del Estadio, reembolsar parte del crédito puente existente (el ordinario con Goldman Sachs) y, con el consentimiento previo y por escrito del Fondo, determinados costes previos al desarrollo relacionados con el Palau». Por si no estuviera bastante claro, el documento de «definiciones» (pág. 397) anexo a la escritura de Titulización se refiere al Campus Espai Barça como un proyecto «que se construirá en los terrenos que rodean el Camp Nou actualmente propiedad del Fútbol Club Barcelona, excluyendo a efectos de aclaración el Palau, el Hotel y las Oficinas que se construirán en las fases subsiguientes del proyecto Espai Barça».
A continuación especifica, sobre ese mismo documento, que «el incumplimiento del mandato asambleario de socios todavía es más flagrante si tenemos en cuenta que parte de esta financiación tiene que aplicarse a reembolsar un contrato (Goldman Sachs) de préstamo de 375 M€ con vencimiento el 30-6-2028, considerando que parte del mismo corresponde a la reestructuración de la deuda del Club acordada en 2021, hecho totalmente ajeno a las obras de remodelación del Camp Nou lo cual constituye una desviación contable totalmente irregular».
Y recuerda que, el fondo de titulización, el documento legal del acuerdo, divide el uso del préstamo en los siguientes términos: 1.071 millones serán destinados a la obra del Camp Nou (a pesar de haber sido adjudicado a Limak por 960 M€), 200 millones tienen como destino atender contingencias como imprevistos, garantías, retrasos, alteración constructiva y cualquier otra situación que ponga en riesgo la obra y los restantes 179 millones se corresponden con la finalidad atender los costes financieros del crédito.
Los costes y la complejidad del proceso son el freno que ha impedido a otros socios como Ignasi Prat iniciar esta vía contra la impunidad y el descaro y la completa ausencia de cualquier sentido ético sobre el servicio al club que debería atesorar cualquier directivo. El acuerdo al que alude la denuncia fue el mismo que provocó la suspensión de la asamblea de 17 de octubre de 2021, exactamente cuando los socios se estaban manifestando en contra de su aprobación debido a que existía un acuerdo anterior aprobado en referéndum en 2014 sobre el Espai Barça. Viendo que perdía la votación, Laporta propuso dar por terminada la sesión y reanudarla seis días más tarde no sin antes anunciar a lo largo de la semana que se comprometía a ratificar esa autorización de los 1.500 millones con otro referéndum, propuesta que no figuraba en el orden del día. Desde entonces, el Barça no ha vuelto a convocar ninguna asamblea presencial.
