Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) cree que la decisión de la Audiencia Nacional (AN) de anular parte de la instrucción del caso Tsunami demuestra la «motivación política» del juez Manuel García Castellón.
La AN ha invalidado la investigación posterior al 29 de julio del 2021 porque se prorrogó un día más tarde del plazo máximo previsto. Esta, según los republicanos, es «solo una de las irregularidades» del magistrado, que «siempre ha mostrado una clara intencionalidad política».
ERC afirma que con la decisión de la AN todos los encausados después del 29 de julio del 2021 quedan «exonerados», y creen que tendría que pasar lo mismo con Ruben Wagensberg y Carles Puigdemont, investigados en el Tribunal Supremo por el hecho de ser aforados.
A parecer de los republicanos, «prueba de la intencionalidad política del magistrado durante toda la instrucción» es que todos los investigados, junto con varias personas más, fueron incluidos en la causa abierta por terrorismo en un escrito del 6 de noviembre del 2023, pocos días después de que se anunciara el pacto entre ellos y el PSOE por la ley de amnistía.
En paralelo, ERC opina que los investigados incluidos a la causa antes del 29 de julio del 2021 también tendrían que quedar «libres de cualquier persecución judicial», en el convencimiento que las movilizaciones de Tsunami Democràtic «se enmarcan en el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a protesta». ERC opina que «en ningún caso son constitutivos de delito», pero añade que, en todo caso, «quedan cubiertos por la ley de amnistía».
Finalmente, el partido subraya que la decisión de hoy de la AN «cambia la situación legal» de la secretaria general, Marta Rovira, que volverá a valorar las garantías legales que existen para su vuelta a Cataluña.
