El filósofo Salvador Pàniker; el político Ernest Lluch; el doctor Moisés Broggi o el pionero Ramón Sampedro han estado firmes defensores del derecho a morir dignamente. Gracias a su lucha y a la de otras muchas personas anónimas, “uno puede decir basta y decidir sobre su propia muerte, el momento y el como”, según destaca la presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente Cataluña (DMD-*Cat), Cristina Vallès Orianne, en declaraciones a EL TRIANGLE. La entidad celebra sus 40 años, y durante todo este periodo de reivindicación han promovido adelantos legislativos y normativos esenciales para garantizar un derecho básico: “El derecho a morir de acuerdo con tus valores”.
Entre los más destacados hay el Documento de Voluntades Anticipadas, que ya lo tienen en Cataluña cerca de 162.000 personas, y la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada justamente hace tres años en el Congreso de los Diputados, con los votos de toda la cámara a excepción del Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro.
Para Cristina Vallès, avanzar en los derechos del final de la vida refuerza la autonomía del paciente, que puede dejar claro a los profesionales sanitarios si acepta o no un determinado tratamiento o si rechaza una intervención innecesaria en la fase final de su vida.
Haciendo balance de los tres años de aplicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la presidenta de DMD-*Cat, Cristina Vallès, expone a EL TRIANGLE las mejoras necesarias para avanzar en la aplicación digna de este derecho. Con una visión estatal, Vallès lamenta que la ley se aprobara sin presupuesto, hecho que ha condicionado su despliegue a los recursos disponibles de cada comunidad autónoma: “Hay una desigualdad importante entre las diferentes comunidades, y una de las que tiene menos resoluciones es Andalucía, por poner un ejemplo. Las hay de muy dispuestas y otras que dicen que tienen otras prioridades y alegan cuestiones administrativas o políticas”.
En cuanto a Cataluña, Cristina Vallès elogia el acuerdo político entre todas las formaciones para avanzar en el despliegue de la ley, y uno de los roles singulares de aquí, desde el primer momento, ha sido el despliegue de los referentes eutanásicos, que ayudan otros profesionales a entender el correcto despliegue de la ley. Una figura que, según Vallès, ahora se empieza a aplicar en otros territorios de España. El rol consiste a resolver cualquier duda relacionada con la aplicación de la eutanasia, sea normativo, administrativo, técnico o emocional hacia el conjunto de profesionales que participan en el proceso. “Da seguridad al profesional y ha permitido hacer el despliegue de la ley con bastantes garantías”, afirma la presidenta de la entidad.
Desgraciadamente, la aplicación de la ley todavía tiene puntos de mejora, y uno de los aspectos que más preocupan a la asociación DMD-Cat es el tiempo que tardan las resoluciones desde que el paciente hace la solicitud hasta que recibe la autorización pertinente. “El tiempo de aplicación de la eutanasia se ha alargado. Eran unos 45 o 47 días de media, y ahora ya estamos a 59 días. Son demasiados días para una persona”.
Según la presidenta de la entidad, “un mes te permite cerrar muchas cosas y hacerlo todo muy bien hecho, pero, sesenta días de media es una animalada, porque, al ser una media, quiere decir que hay gente que ha tardado mucho más tiempo”. Pueden haber pasado seis meses esperando la autorización para poder recibir el tratamiento eutanásico y tener el derecho a morir con dignidad.
Otra cuestión que no está muy bien gestionada y que requiere una reflexión por parte de los equipos sanitarios es la tramitación de la primera solicitud, que tiene que estar firmada por el paciente y por un profesional. Se trata del primer paso que permite iniciar todo el procedimiento para prestar la ayuda para morir.
Según DMD-Cat, el departamento de Salut de la Generalitat tiene que “tener previstos los mecanismos y suficientes recursos para poder actuar con celeridad cuando se detectan negligencias en personas solicitantes de ayuda para morir. Y sobre todo, hay que promocionar medidas preventivas ante posibles negligencias, asegurando que se registre la primera petición y que se garantice una respuesta final (positiva o negativa) en un plazo máximo de tiempo”. Actualmente, se tiene constancia “de incidencias graves que hay que ir resolviendo, como centros que todavía no tienen establecidos protocolos claros ante una demanda de eutanasia, profesionales de centros privados que no se quieren hacer cargo de demandas, médicos responsables que no cursan la solicitud del paciente, y se discriminan especialmente las personas con enfermedad mental, problemas para encontrar médico consultor que generan el alargamiento de plazos innecesarios, y profesionales que hacen mal uso de su derecho a la objeción de conciencia y atrasan los procesos”, entre otros.
Para Cristina Vallès, hay frases de los profesionales sanitarios que hay que empezar a erradicar, como por ejemplo: “Esto no es para tú”, “no te toca”, o “no te lo darán”. Según su parecer, “son frases terribles para una persona solicitante de eutanasia”, y lo que tiene que hacer el profesional es tramitarlo, y si hay que decir que no decirlo, pero lo que no se puede hacer es “decir que ya lo miraremos, y dejar la primera petición en un cajón durante dos meses”. De hecho, la voluntad de la entidad es conseguir que sea preceptivo registrar la primera petición, y así dar más transparencia a todo el procedimiento.
El sufrimiento que tienen las personas solicitantes de una eutanasia es muy elevado, y el tiempo disponible se tiene que gestionar con la máxima cura. Según el informe del 2022 de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, 175 personas hicieron la petición aquel año, y más de la mitad superaban los 70 años. Hay que destacar, pero, que la edad mínima registrada el 2022 por una de las mujeres solicitantes fue de solo 30 años. La gran mayoría de estas personas residían en la región sanitaria de Barcelona, y después vendrían las regiones de Girona y Tarragona.
En cuanto a la gravedad de su situación, el informe indica que “la mayoría de las personas que recibieron la eutanasia sufrían enfermedades de años de evolución que afectaban en mayor o menor grado su autonomía funcional y los ocasionaba una alta dependencia. Además, en ocasiones su capacidad de relación y comunicación también estaba gravemente afectada”. Este es el caso de Carina, socia de DMD y paciente de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que ya tiene la autorización para la eutanasia. Para ella, “su línea roja era la comunicación, puesto que tiene el 100% de discapacidad”, y desde que tiene la aprobación está muy tranquila y espera el final de vida solicitado.
Puedes leer el artículo entero en el número 1583 de la edición en papel de EL TRIANGLE.