La instructora del caso Tsunami en el Tribunal Supremo, Susana Polo, ha dado tres días a las partes para que se pronuncien sobre si tiene que plantear o no una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía.
Lo hace a instancia de las acusaciones populares (Dignidad y Justicia, Vox y Sociedad Civil Catalana), que han pedido que pregunte a la justicia europea si el derecho europeo acoge la posibilidad de aplicar la amnistía a procesados e investigados por terrorismo.
Ahora la Fiscalía, el abogado del Estado, las acusaciones particulares en nombre de dos policías nacionales y las defensas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de Rubén Wagensberg se pronunciarán, y Polo adoptará una decisión en los siguientes días.
En su interlocutoria, Polo recuerda que el pasado 11 de junio las acusaciones populares le pidieron que planteara una cuestión prejudicial ante el TJUE «en relación con la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía» ante «las dudas surgidas sobre la incompatibilidad de la ley, en materia de terrorismo, con el derecho de la Unión Europea». La magistrada acuerda «dar traslado a las otras partes personadas» porque «en un plazo común de tres días se pronuncien al respeto».
De fondo los intentos de las acusaciones populares de tumbar uno de los ejes de la ley de amnistía: el punto que estipula que solo quedan excluidos los actos de terrorismo donde se produzca una violación intencionada de los derechos humanos. El Congreso de los Diputados buscaba incluir en la amnistía las acusaciones de terrorismo contra Puigdemont y Wagensberg, en el Supremo, y el resto de investigados por el Tsunami y CDR en la Audiencia Nacional por parte del juez Manuel García-Castellón.
El juez Castellón fue el artífice de esta acusación por terrorismo y –mientras se producía la negociación de la ley en el Congreso- ya intentó impedir que se pueda aplicar este punto apuntando que los hechos eran «incompatible con el derecho en la vida e integridad física reconocidos al artículo 15 de la Constitución y en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».
Paralelamente, la fiscalía ha presentado este viernes un recurso contra la decisión de la Sala de lo penal y del Tribunal Supremo y del juez Llarena de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig por un delito de malversación de fondos públicos y mantener las correspondientes órdenes de detención.
En su recurso, el ministerio público rechaza que se pueda hablar de propósito de enriquecimiento y de afectación a los intereses financieros de la Unión Europea para no aplicar la amnistía. «El fiscal no discute que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación, lo que discute es que existan indicios que en la malversación perseguida en esta causa concurra también un ánimo superpuesto y deliberado de enriquecerse personalmente», apunta.
