El gobierno catalán ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) los nuevos 131 municipios declarados como zonas tensionadas para que se aplique el tope del alquiler, hasta llegar a los 271 en total, donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población. El siguiente paso será enviar la lista al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que entre en vigor esta declaración, como prevé la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. En la anterior ocasión, el gobierno español tardó siete meses en publicar la resolución.
La ampliación afecta a los municipios de más de 2.000 habitantes que no estaban incluidos en la primera lista de 140 y que cumplen algunos de los requisitos que marca la ley española. Por un lado, que los ciudadanos dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca incluyendo los gastos y suministros básicos, y por el otro que el precio del alquiler o de compra de las viviendas haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Entre los municipios que ahora pasarán a ser declarados zona tensionada están Aiguafreda, Alcanar, L’Aldea, Altafulla, Anglès, Arbúcies, Begur, Bellver de Cerdanya, Besalú, Cadaqués, Calafell, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Centelles, Deltebre, L’Escala, Gironella, Masquefa, Montblanc, Móra d’Ebre, Navàs, Olèrdola, Pals, Peralada, El Pont de Suert, Piera, Riudarenes, Roda de Berà, Roses, Sant Feliu de Codines, Sant Jaume d’Enveja, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pere Pescador, Sant Quirze de Besora, Santa Cristina d’Aro, La Selva del Camp, Sentmenat, Súria, Torrelles de Foix, Torroella de Montgrí, Ulldecona, Vacarisses, Vielha y Mijaran, Viladecavalls y Vilanova del Vallès.
Una vez entre en vigor la declaración en estos municipios, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato de los últimos cinco años después de aplicar la cláusula de actualización anual de aquel contrato. En el caso de las viviendas propiedad de grandes tenedores, el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia del precio del alquiler.
