El fiscal general del Estado ordena a los fiscales del Supremo que se posicionen a favor de amnistiar a los encausados por el 1-O

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, momentos antes de la Junta de Fiscales de Cataluña (ACN)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado este viernes a los cuatro fiscales del juicio al 1-O que se posicionen a favor de amnistiar los encausados del Tribunal Supremo. Según han apuntado fuentes del Ministerio Público, les ha avisado que los delitos del juicio del proceso independentista entran dentro del ámbito de aplicación de la ley acordada entre el PSOE y el independentismo.

La orden del fiscal general, además, considera que sus subordinados confundieron «el ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con «el enriquecimiento personal de carácter patrimonial» que la amnistía deja fuera. Ahora, los fiscales del Supremo tienen que decidir si acatan la orden de su jefe o elevan el choque a la junta de fiscales prevista para el próximo martes.

El fiscal general, que también avisa de que los hechos condenados no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea, pidió ayer a los fiscales de sala -unos treinta nombres de la cúpula fiscal al Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional (TC), entre otros- que se reservaran el próximo martes para la posible celebración de una junta para tratar la aplicación de la ley de amnistía en caso de choque con los fiscales del 1-O.

Este encuentro, que todavía no está formalmente convocada, se producirá si finalmente los cuatro fiscales del proceso independentista confirman su oposición a aplicar la norma, como les ha pedido García Ortiz este viernes. Según fija el artículo 27 del estatuto del Ministerio Público, la reunión de la junta se puede pronunciar en caso de desavenencia entre un fiscal y un superior, como se da en este caso, a pesar de que la decisión final sobre la aplicación de la ley la mantendría García Ortiz, favorable a la norma.

Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno i Fidel Cadena tienen que confirmar ahora su oposición a aplicar la ley a Oriol Junqueres o Jordi Turull, entre otros encausados del proceso independentista. De hecho, el pasado miércoles los cuatro fiscales del 1-O ya enviaron un escrito al fiscal general del Estado donde decían que la malversación no es amnistiable y donde apuntaban que se apartarán si García Ortiz les impone defender el criterio contrario.

El caso de Puigdemont
En su texto, los fiscales también proponían mantener las órdenes de detención en España dictadas cuenta el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Lo argumentaban asegurando que el levantamiento de las medidas cautelares y órdenes de detención solo se podían acordar en caso de que el órgano judicial competente determine finalmente que las conductas que se les imputan eran amnistiables.

La «pre convocatoria» de los fiscales se produce en un momento marcado por el escaso margen que dispone la Fiscalía General del Estado para decidirse sobre la amnistía. De hecho, la fiscalía dispone de un plazo de solo cinco días –que empezaba ayer- para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía sobre los condenados del proceso independentista. Este es el margen que la Sala de lo penal del Tribunal Supremo estableció este lunes para todas las partes una vez la ley apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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