La directiva de Joan Laporta no conoce límites cuando se trata de diluir responsabilidades y echar balones fuera si le acecha la sombra de la crítica o de la culpabilidad. Su respuesta al avalgate, un caso de flagrante de irregularidad, tanto desde el punto de vista ético como legal, ha sido surrealista y delirante. En primer lugar, defendiendo que, sobre el aval que les permitió tomar posesión del cargo, «los miembros de la Junta tuvieron que activar una cuenta colegiada para sufragar los gastos del mantenimiento del aval. En esta cuenta, los miembros de la Junta Directiva recibieron ayudas en forma de préstamo sin otra compensación. En el caso de la empresa ISL Fútbol Limited Liability Company, su aportación no generó compensación adicional alguna. Además, el FC Barcelona ha ido reduciendo en los últimos años su relación mercantil con esta empresa, iniciada en 2015, pero lo ha hecho por las mejores oportunidades que ha encontrado el Club en el mercado, sin perjuicio de que la relación comercial continúe por el alto grado de satisfacción recibido por sus tareas». Así lo expuso en un comunicado oficial.
Pues bien, tras la reunión de la directiva de este jueves, desde la propia junta se filtró que a nivel interno se ha procesado la situación, concluyendo no se ha producido ninguna anomalía y que, además, para corroborar que ISL «no ha disfrutado de ningún privilegio» el club ha decidido suspenderles la gestión de las Barça Academy en los EEUU. O sea, que ha pasado de prestarle a los directivos 300.000 euros, de valorar sus servicios profesionales, impecables, a resultar del todo innecesaria su colaboración.
Difícilmente puede cometerse una admisión de culpabilidad más bochornosa y cómica por parte de una junta que, finalmente, solo ha admitido «un conflicto estético», elevando a firme su propósito de «reforzar» los órganos de control interno. A la pregunta sobre si realmente existen órganos de control interno, la respuesta es rotundamente no.
