El Tribunal de Cuentas (TdC) ha declarado la finalización del juicio contra más de una treintena de ex altos cargos del gobierno de la Generalitat de Catalunya por los gastos del 1-O y de Exteriores durante el proceso independentista. La consejera de enjuiciamiento ha dictado una providencia por la cual se declaran concluidas las actuaciones del procedimiento de reintegro. Después de celebrar la vista en noviembre pasado y de haber recibido en las últimas semanas los escritos de conclusiones de todas las partes, ahora tendrá que dictar la sentencia. La consejera ha trasladado a todas las partes los escritos de conclusiones del resto de demandados para que tengan conocimiento. La fiscalía pide 3,1 millones de euros a los expresidentes de la Generalitat, Artur Mas i Carles Puigdemont, y al resto de ex altos cargos.
Entre los demandados también está el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, varios ex consejeros y otros cargos del ejecutivo, el Diplocat y de las delegaciones en el extranjero. A pesar de que las defensas habían pedido suspender el procedimiento porque previsiblemente serán amnistiados, la consejera de enjuiciamiento lo descartó y la vista se celebró en noviembre pasado.
La fiscalía pide una responsabilidad patrimonial de 3,1 millones de euros, unos 336.000 menos de los inicialmente reclamados a los encausados porque había retirado del cómputo la campaña Civisme. Por su parte, Sociedad Civil Catalana, también acusación, reclamaba más de 5 millones de euros tanto por los costes de organizar y celebrar el 1-O como por el gasto de la «política exterior» desplegada por el gobierno catalán a través del Diplocat durante los años del proceso independentista.
Además de Mas, Puigdemont y Junqueras, otros encausados relevantes son los ex consejeros Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, DolorsBassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig i Neus Munté; exsecretarios generales como Albert Royo, Joaquim Nin, Roger Albinyana, Josep Ginesta o Aleix Villatoro; secretarios de departamentos y delegados de la Generalitat en el extranjero como Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Andrew Scott o Josep Suàrez Iborra.
En concreto, el ministerio público reclama 2,2 millones de euros por los gastos de Exteriores y 883.000 euros por el 1-O. Entre los gastos concretos del 1-O destacan 161.000 euros por el aplicativo referèndum.cat y el llamado ‘llamamiento extra’ para los voluntarios de las mesas electorales; 10.800 euros por el diseño de la campaña de registro de residentes en el exterior y 158.000 por la difusión de la campaña; 2.700 euros por la web del Pacto por el referéndum; 62.000 euros por la cartelería del referéndum; 60.000 euros de una campaña internacional sobre la imagen de la Generalitat; 83.000 euros por la invitación a grupos parlamentarios europeos; 178.000 euros para un equipo de expertos internacionales; 167.000 euros para observadores internacionales. Los gastos de Exteriores no se desglosan, pero incluyen sobre todo los gastos de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y del Diplocat.
Las defensas piden el archivo o la anulación del caso, cuestionando la legitimidad del procedimiento y de los métodos utilizados, y aduciendo indefensión. También apuntan que los hechos han prescrito, porque han pasado más de 5 años, cosa que la fiscalía rechaza. La defensa de Puigdemont, por ejemplo, alega que no se han concretado los gastos ilegales autorizados por cada demandado.
Por otro lado, si se acaba aprobando la ley de amnistía es previsible que el grosor de los acusados se puedan beneficiar de esta medida. De hecho, ERC había pedido suspender la vista por la previsible aprobación de la ley de amnistía. Además de esto, el procedimiento puede tener dos niveles de recurso, en un primer momento en una instancia superior dentro del Tribunal de Cuentas y, posteriormente, en la sala tercera del Tribunal Supremo.
