El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública este martes una sentencia que avala la práctica totalidad de la ley de vivienda promovida por el Gobierno de España, aprobada en 2023, pero declara inconstitucional el artículo 16, sobre pisos protegidos en aspectos que no recojan las normativas autonómicas y municipales, que en este punto tienen carácter preferente, difunde la ACN.
Los magistrados han rechazado el resto de impugnaciones que había realizado la Junta de Andalucía contra una ley que, por primera vez, ha impuesto límites al aumento del precio del alquiler, ha fijado la figura de gran tenedor a cinco inmuebles y ha impedido desahuciar a inquilinos vulnerables sin haber pasado previamente por un acto de conciliación.
La sentencia de este martes constituye un aval global a la ley y a la capacidad de las instituciones centrales del Estado de legislar sobre una materia transferida a las comunidades autónomas, marcando el camino de las resoluciones del resto de recursos que las comunidades del PP plantearon contra la norma, así como respecto al recurso interpuesto por la Generalitat por una supuesta vulneración de competencias.
La sentencia se ha aprobado con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, mientras que la magistrada Laura Díaz no participó en las deliberaciones.
Aparte del artículo 16, también es nulo parte del 19.3, que fija las comunidades tendrán que transmitir información al Gobierno central sobre los grandes tenedores en zonas de mercado tensionado. Lo mismo ocurre con una parte del 27.1, sobre en abanico de viviendas que pueden ser consideradas vivienda pública; y del 27.3, que dice que los ingresos por sanciones por incumplimiento de la función social de la vivienda deben destinarse al parque público de vivienda, añade la misma información.
