La Fiscalía rechaza investigar la Mesa del Parlament por admitir a trámite la ILP de independencia

El ministerio público descarta los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia, como planteaban Vox y Cs

    La última reunión de la Mesa del Parlament de esta legislatura (Parlament de Catalunya)

    La Fiscalía Superior de Cataluña ha rechazado admitir a trámite las querellas de Vox y Cs contra los miembros de la Mesa del Parlamento, concretamente Anna Erra (presidenta), Aurora Madaula (secretaria segunda) y Carles Riera (secretario tercero) por haber admitido a trámite la ILP para declarar la independencia. El ministerio público rechaza que su decisión se pueda incardinar en el delito de prevaricación administrativa, como planteaba Vox, ni tampoco en el de desobediencia, como considera Cs.

    La ILP fue admitida a trámite el 20 de febrero de 2024, con los votos a favor de Erra, Madaula y Riera. La Fiscalía recuerda que en otros procedimientos contra miembros de la Mesa no se ha producido nunca acusación por prevaricación por parte del ministerio público -como pide Vox- ni hay ninguna sentencia condenatoria por este tipo delictivo. Considera, además, que la admisión a trámite no encaja en este delito “al no haber sido acordada en asunto administrativo, sino en el ejercicio de las funciones políticas propias de la Mesa del Parlamento”.

    En cuanto a la desobediencia que plantea Cs, concluye que “hace falta un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una determinada conducta dirigido de forma clara a quien ejerza la condición de funcionario o autoridad”, y no se puede meter este delito por el “simple incumplimiento de obligaciones genéricas establecidas en leyes o disposiciones de carácter general”. Esto, continúa, comportaría que prácticamente cualquier delito cometido en el ejercicio de la función pública comportara a la vez la comisión de un delito de desobediencia.

    Además, el ministerio público añade que solo la autoridad o funcionario a quien se ha dirigido un mandato expreso, claro y terminante puede ser sujeto activo del delito de desobediencia. En este sentido, rechaza que estos miembros de la Mesa se puedan sentir interpelados por resoluciones del Tribunal Constitucional del pasado ni mandatos dirigidos a miembros de la Mesa anteriores, puesto que, en todo caso, tendrían que haber recibido un mandato concreto del Constitucional dirigido a ellos.

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