Empresarios mexicanos acusan al gobierno andorrano de «racismo y robo» por congelar sus cuentas en el BPA

Casi una década después de la expropiación, su patrimonio, estimado en más de 800 millones de euros, sigue retenido

Desde hace nueve años, las juezas María Ángeles Moreno y Stephanie García García, así como el exfiscal Alfons Alberca, actualmente magistrado del Tribunal de Cortes de Andorra, actuaron en la usurpación que afectó a más de una decena de empresarios mexicanos, congelando sus cuentas en el Banco Privado de Andorra (BPA) bajo la falsa acusación de cometer actos ilícitos que no fueron comprobados, según informan algunos diarios mexicanos.

Casi una década después de la expropiación, el patrimonio de varios empresarios mexicanos, estimado en más de 800 millones de euros, sigue retenido.

El equipo legal del grupo de empresarios afectados ha llegado a la conclusión de que el fraude cometido por el gobierno andorrano contra estas víctimas no tiene justificación alguna y se basa en un total racismo por el simple hecho de ser mexicanos, asumiendo que cualquier empresario exitoso de este país está involucrado en actividades ilícitas.

«Andorra está cometiendo racismo y discriminación, nos involucran en narcotráfico y lavado de activos, solo por ser mexicanos, no respetan nuestros derechos y mantienen nuestro patrimonio ilegalmente incautado sin ninguna prueba, esto se llama robo y fraude», según declaró uno de los empresarios afectados, quien solicitó omitir su nombre por seguridad.

Una prueba del odio, racismo y difamación es el correo enviado a Scotiabank Panamá por la jueza María Ángeles Moreno, acusando sin pruebas a uno de los empresarios de lavado de dinero con el propósito de afectar a su patrimonio, incluso sabiendo que el empresario no está imputado y todos los elementos afirmados en el correo no han sido judicializados.

Este afectado ha mantenido su defensa demostrando que no existe ningún indicio de la comisión del delito de lavado de capitales, e incluso, según la investigación realizada por la Fiscalía General de la República Mexicana, se concluyó que él está exento de haber cometido el delito señalado, ya que se acreditó que el origen de los recursos es legal y demostrable.

Sin embargo, las pruebas de inocencia que se han presentado desde hace casi una década han sido ignoradas por las autoridades andorranas, situación que se repite con otros empresarios afectados.

Además, la representación legal del grupo de empresarios mexicanos considera una difamación y violación de los derechos humanos el estigma y la discriminación cometida por la jueza María Ángeles Moreno y la actual Stephanie García García, así como el exfiscal Alfons Alberca, al sugerir que la nacionalidad mexicana es suficiente para vincularla con narcotráfico o lavado de dinero.

El especialista y abogado en derecho procesal andorrano Antoni Riestra comentó que todo el procedimiento iniciado en marzo del 2015 ha sido un despropósito, porque desde su inicio se consideró a todos los clientes del banco como sospechosos, invirtiendo la carga de la prueba y vulnerando el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Especialmente, este abogado cree que se ha criminalizado a extranjeros que en su momento confiaron en la jurisdicción y el sistema financiero andorrano, específicamente a las grandes cuentas. A partir de aquí, a unos pocos se les levantaron las aprehensiones y otros fueron criminalizados, en muchos casos, de forma prácticamente arbitraria.

Ante estos hechos y la impunidad con la que se ha tratado el caso por parte de las autoridades del Principado, la fiscalía mexicana iniciará una investigación sobre la actuación de las juezas mencionadas y el fiscal de Andorra, al considerar que mantienen el asunto en la opacidad y se presume que podrían estar involucrados en el caso de más de 800 millones de euros a inversores extranjeros, a través de las cuentas congeladas en el Banco Privado de Andorra (BPA).

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