En el acto de constitución de la Asamblea Territorial del Consell de la República, celebrado en la Torre del Bisbe (Rosellón) el fin de semana pasado, Carles Puigdemont dibujó el escenario político que nos propone a los ocho millones de catalanes: “La confrontación no se ha acabado y Cataluña no renuncia a la unilateralidad. (…) Tenemos el deber de ejercer la confrontación” (contra España y los españoles). Es decir, el ex-presidente de la Generalitat tiene previsto, cuando pueda, volver a romper el marco de convivencia constitucional y buscar, en consecuencia, la reacción punitiva de los poderes judicial y policial español contra los independentistas que vulneren la legislación vigente, en especial en lo que hace referencia a la unidad territorial del Estado.
Carles Puigdemont, en su discurso, ha venido a decir que “lo volveremos a hacer” y, por consiguiente, si puede, su oferta política ya sabemos qué capítulos contendrá: confrontación, unilateralidad, aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español de turno, intervención de la Generalitat, fuga de empresas y capitales fuera de Cataluña, procedimiento judicial contra los impulsores y ejecutores de la DUI, represión de los disturbios en la calle, etc., etc.
¿Es esto lo que nos propone Carles Puigdemont? ¿Un déjà-vu que nos ha hecho perder, absurdamente, diez años? Pero él, en 2017, bien se salvó de la anunciada represión del Estado, al huir, pies para qué os quiero, a Bélgica, dejando en la estacada a sus compañeros del Gobierno (“Mañana, todos en los despachos”, fue la orden que dio, mientras se preparaba para poner tierra de por medio).
Con esta perspectiva, resulta totalmente incomprensible la obsesión de Carles Puigdemont para ser incluido en la ley de amnistía impulsada por el PSOE y que, finalmente, ha acabado subscribiendo Junts, una vez garantizado que en su perímetro también entrará el ex-presidente de la Generalitat. ¿Para qué quiere la amnistía Carles Puigdemont, si su programa político, expresado en la Torre del Bisbe, ya anticipa que volverá a ser acusado y perseguido por los mismos delitos? ¿Qué lógica tiene todo ello?
Carles Puigdemont solo tiene un objetivo a corto plazo: revalidar su escaño en el Parlamento Europeo y, para eso, es imprescindible que, previamente, consiga el beneficio de la amnistía. Pero las maniobras dilatorias de su partido JxCat en la tramitación de la ley han forzado el calendario hasta el límite, de forma que cualquier contratiempo –Madrid es, ahora mismo, un volcán en erupción– puede aplastar su plan.
Los próximos días y semanas serán de altísimo voltaje, con el caso Koldo que ha provocado un tsunami político -este sí, de verdad- y que veremos dónde y cuándo acaba. El incendio ya ha llegado a las puertas de la Moncloa y para algunos partidos que apoyan la frágil mayoría que sustenta a Pedro Sánchez la situación es contradictoria y complicadísima.
La corrupción es inadmisible en democracia y el PSOE no ha acabado de hacer limpio con el caso Koldo y todas sus ramificaciones mafiosas. En un país con altos estándares de calidad ética en la gestión pública -y este, desgraciadamente, todavía no es el caso de España- la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ya habría abandonado ipso facto, y de manera preventiva, su cargo, después de las graves anomalías constatadas en la operación de compra durante la pandemia de 1,7 millones de mascarillas inservibles a la trama corrupta montada por los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama -protegidos del ex-ministro José Luis Ábalos-, además, con cargo a los fondos europeos.
En este sentido, el hecho de que la Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, haya apreciado indicios delictivos en esta estafa habría sido motivo suficiente -en Alemania, Suecia o Dinamarca- para que Francina Armengol hubiera presentado, por voluntad propia, la dimisión, sin necesidad que la oposición se la reclame.
No hay que ir tan lejos. Fijémonos en Portugal, que este domingo día 10 celebra elecciones generales anticipadas. Una investigación de la Fiscalía portuguesa señaló -parece que de manera errónea, al confundirse de persona- que el primer ministro António Costa, que gobernaba con mayoría absoluta, podía estar involucrado en un caso de tráfico de influencias.
La reacción de António Costa fue fulminante: presentó la dimisión y abandonó la primera línea política hasta que la justicia aclare si es culpable o inocente de los hechos que investiga la Fiscalía. La credibilidad de las instituciones democráticas está por encima de todo, explicó para justificar su honorable decisión.
Con los detalles sumariales que han transcendido hasta ahora del caso Koldo, Francina Armengol -aunque, formalmente, no figure como investigada- está involucrada hasta el cuello en esta estafa, que comportó el pago de 3,7 millones de euros por unas mascarillas fraudulentas. ¿Pueden permitirse el lujo, de cara a sus electores, de convertirse ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos y/o BNG en cómplices de la corrupción de la trama orquestada y bendecida por José Luis Ábalos? Tragarse ruedas de molino es muy indigesto y puede tener consecuencias letales.
“El fin justifica los medios”, sentenció Maquiavelo y parece que esta máxima forma parte de los políticos contemporáneos formados en la escuela de “Borgen” o “House of cards”. Pero hace falta no olvidar que “El príncipe” fue escrito hace más de 500 años y que, en aquella época, la democracia era solo la bella quimera de un puñado de utópicos clandestinos.
La ley de amnistía nace condicionada por un grave caso de corrupción política. Los partidos que la apoyan no pueden hacer el avestruz ni mirar hacia otro lado, por miedo a que pueda naufragar.
