La Generalitat gestionó aproximadamente 104.000 expedientes de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en el 2023, que corresponden a más de 161.000 beneficiarios (un 56% mujeres y un 44% hombres), según datos del Departamento de Derechos Sociales. Del total, el 72% corresponde a la demarcación de Barcelona, un 13% a la de Tarragona, un 10% a Girona y un 5% a la de Lleida.
El año pasado se aprobaron más de 12.000 nuevas prestaciones de este tipo. El gasto durante el 2023 fue de 531,81 millones de euros, una cantidad ligeramente superior a la del año anterior. Se llevaron a cabo 45.969 acciones de políticas activas en las oficinas de trabajo del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y 2.314 familias salieron del programa de la RGC porque encontraron empleo.
Estos datos se presentaron ayer jueves en la Comisión de Gobierno de la Renta Garantizada de Ciudadanía, presidida por el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, durante la cual también se informó sobre los contactos que la Generalitat ha iniciado con el Gobierno central para concretar el traslado de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El Consejo de Ministros aprobó a finales de año la modificación de la ley que regula esta prestación para que la Generalitat pueda gestionarla de manera integral junto con la RGC. Derechos Sociales trabaja con los departamentos de Presidencia y Trabajo para que ambos tipos de ayudas se puedan gestionar en una ventanilla única.
