Nueva documentación de una investigación de La Vanguardia y elDiario.es ha revelado que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) puso la cúpula de varios cuerpos policiales a su servicio para investigar a partidos independentistas e intentar acabar con el procés. Lo hizo al menos durante cinco años, desde la Diada masiva de 2012 y hasta 2016, al margen de la ley y utilizando recursos públicos. Los rotativos han aportado nuevos documentos, declaraciones y audios que han señalado que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigía la operación Cataluña y hacía llegar a la Moncloa documentación delicada a través de escoltas. Este material se ponía en sobres en blanco, cerrados, sin asunto, ni remitente ni destinatario, y contenía acusaciones falsas que elaboraban un grupo de mandos policiales junto con información que recibían otros ministerios, como el de Hacienda.
Según la investigación de estos tres medios, todo ello contaba con la complicidad y la ayuda de los principales jefes de los cuerpos policiales, como el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, que era el interlocutor directo del ministro. Paralelamente, el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, se encargó de recopilar todo tipo la información sobre el independentismo que también trasladó al ministerio para que el ejecutivo español pudiera usarla.
En la mayoría de los casos estas eran investigaciones prospectivas, es decir, motivadas por un objetivo político predeterminado, pero sin indicios, una práctica legalmente prohibida. De acuerdo con la investigación periodística, Fernández Díaz encargó a su jefe de gabinete, Francisco Martínez, hacer de enlace con el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo para recopilar esta información, y Martínez dio entonces la orden de que cualquier dato relevante se entregara por escrito. Esta fue la vía de entrada de Villarejo con los mandos más altos de Interior y la manera como nacieron las llamadas «notas informativas».
Los medios han detallado que estos escritos eran un resumen de informes anónimos elaborados por agentes de la policía que se hicieron llegar a la prensa en páginas sin ningún tipo de cabecera ni firma, y en que se hacía mención a supuestas ilegalidades de dirigentes nacionalistas catalanes o de personas de su entorno. Entre estos documentos figuraba una serie de cinco sobre el caso del Palau de la Música que anticipa el relato concretado en la «nota informativa» enviada por Villarejo a la dirección de la Policía y al ministro.
Además, para acceder a los despachos más altos del PP, el comisario tendría que disponer de otro atajo: el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la entonces número dos del partido, María Dolores de Cospedal. Las fuentes consultadas por estos medios también han señalado que durante aquella época el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se mostró “muy activo” en todo aquello que tenía que ver con la investigación a dirigentes nacionalistas, y han apuntado que algunas de las publicaciones de información confidencial sobre contribuyentes catalanes salieron de la cúpula de su ministerio.
Además, según los diarios, el exministro del Interior tuvo un papel muy destacado porque había exigido estar siempre informado de todos los movimientos que hacía la cúpula policial y judicial. De hecho, los informes llegaban con regularidad a su despacho, a veces semanal, en otros periodos quincenales, y el ministro consideraba el asunto del máximo interés. Los documentos que se han hecho públicos este lunes están relacionados con la atribución a Artur Mas de cuentas en Liechtenstein; las cuentas en Andorra de la familia Pujol o el caso del informe falso sobre las cuentas de Xavier Trias en Suiza.
