La sala de gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado este lunes por unanimidad una declaración en la que defiende que la actuación judicial se ajusta siempre a la ley y rechaza que sea fiscalizada. Los magistrados reaccionan así al acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía.
En concreto, según recoge la ACN, la declaración afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional «se ajusta a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular de la igualdad en la aplicación de la ley».
Además, el alto tribunal remarca «la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones» y ve «incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado».
La sala de gobierno también recuerda que el Estado de derecho «exige el absoluto respecto a la división de poderes», añade la misma información.