La acusación popular que ejerce el Instituto de Derechos Humanos de Andorra ha pedido a la Justicia andorrana que amplíe la investigación contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por la llamada ‘Operación Cataluña’ e incluya el delito de organización criminal a la causa en que ya figuran presuntos delitos de coacciones y falsedad documental.
La asociación ha ampliado la querella que presentó en el Principado contra Rajoy y los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, a quienes ya acusó por presuntas amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer «mediante vías ilegales» información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
En concreto, los hechos denunciados están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde el 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) para conocer «mediante vías ilegales» una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana» de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Mas y Junqueras.
Así mismo, el colectivo ha concluido que hay que extender el presunto delito de falsedad documental al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, al comisario jubilado Marcelino Martín Blas y al excomandante de la Guardia Civil Basilio Sánchez Portillo.
Al margen, el Instituto pide a la Justicia andorrana que valore si hay que imputar también el exministro de Economía Luis de Guindos y el exsecretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz, o «que sean citados como testigos».