Elite Taxi, Riders por Derechos y Taxi Project 2.0 han denunciado a Uber Eats por estafa y delitos contra los trabajadores, Hacienda y la Seguridad Social, dentro de una posible organización criminal. Las tres acusan a Uber Eats de haberse implantado en España desde 2017 por «abuso de la figura del falso autónomo», que ha utilizado para «hacer crecer exponencialmente el mercado del reparto a domicilio».
A partir de la llamada Ley Rider, las entidades afirman que Uber Eats ha pasado de los falsos autónomos a la subcontratación temporal para externalizar «fraudulentamente» toda la actividad a empresas «que imponen rotación e inestabilidad entre los trabajadores», si bien «sigue estableciendo las condiciones» y «disfrutando de las rentas de su trabajo».
Por todo ello, las tres organizaciones consideran que Uber Eats ha ideado un «modelo para fraude y lucro ilícito» utilizando a «falsos autónomos para simular trabajos en beneficio propio y perjuicio de los trabajadores, a los que engañó aprovechando la necesidad de trabajo existente y la vulnerabilidad».
