Me he pasado estos últimos días leyendo opiniones sobre el uso de las lenguas cooficiales en el congreso de los diputados. Y como pasa desde hace décadas, la derecha lo rechaza y la izquierda lo aplaude. No hay término medio. Pero es que, objetivamente, teniendo una lengua común, el español, es completamente absurdo utilizar las cooficiales de los territorios donde la tienen, en un foro público. Seguramente es una decisión más simbólica que política que debiera haberse aprobado hace tiempo, con la intención de poner en valor las lenguas de España; no obstante, no olvidemos que esto se hace ahora, deprisa y corriendo y con la coacción de quien puede asegurar la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Por lo tanto, al tratarse de una imposición, pierde todo su carácter apreciativo, de respeto y consideración a unas lenguas que son de todos.
¿De verdad que Puigdemont va a dar sus votos a Pedro Sánchez solamente por el hecho de que se pueda hablar catalán en el Congreso? ¿Qué fácil, ¿no? Pero es que, en Europa, que es otra de las condiciones impuestas, ya van diciendo que eso es imposible, que corsos, bretones y otras minorías lingüísticas también pueden reclamar su participación en sus respectivas lenguas y eso sería un caos. No ya por el hecho político de reivindicaciones históricas, sino a nivel práctico. Ya es un lío aceptar las lenguas oficiales de cada país, como para añadir cincuenta o sesenta más, lengua arriba o abajo.
Además, esa medida, repito, impuesta, va a ser derogada en cuanto gobierne la derecha, porque no ha sido consensuada, es fruto de una coyuntura muy particular. Otra cosa; no ayuda para nada a crear una opinión favorable a su estudio, a su reconocimiento. Me va a hacer mucha gracia oír hablar en catalán a diputados de origen andaluz de lengua materna castellana en un lugar donde todos entienden esta última. ¿Se pondrán el pinganillo los catalanes cuando los andaluces hablen en español?
En este país complejo y plural que es España, hay que trabajar por la reconciliación. Por eso quiero resaltar la labor incansable del Instituto Cervantes. Creado en 1991, posee 86 sedes repartidas por todo el mundo y oferta cursos de español, apoya el trabajo de hispanistas y realiza actividades de difusión cultural en colaboración con organismos de los países anfitriones. Desde hace unos años también oferta cursos de catalán, gallego y euskera en las sedes donde hay demanda, abriendo por fin esa puerta de la España plural de la que tanto se ha hablado, pero que nadie sabe cómo edificar.
Hace tres años, el Instituto Cervantes, el Institut Ramon Llull, el Consello da Cultura Galega y el Etxepare Euskal Institutua firmaron el primer acuerdo de colaboración entre las cuatro lenguas, con el consenso de la defensa de la diversidad cultural y lingüística de España. Un apretón de manos que da un paso más en esa idea federal de España, en esa idea de aportación al entendimiento, rechazando la uniformidad, la intolerancia, el fanatismo y la exclusión. No somos conscientes de la trascendencia de ese acuerdo y, desgraciadamente, pasó desapercibido.
El convenio firmado por cuatro años (en los cuatro idiomas, lo que le confiere un simbolismo muy valioso) supuso de facto el reconocimiento de la España multicultural y plurilingüe, un espaldarazo a las lenguas como “sistemas de comunicación que tienen que tender puentes para el diálogo entre los pueblos, formas complementarias, y nunca excluyentes, de contar el mundo, de verlo”, en palabras de la presidenta del Consello da Cultura Galega.
Otra propuesta que quedó en nada fue la de “La Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos”, que tenía como objetivo una reforma lingüística en España y suponía un cambio de paradigma en cuanto a que pasaba de considerar a las lenguas como el objeto de regulación a la regulación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, en palabras de su impulsora, la sabadellense Mercè Vilarrubias.
Desgraciadamente, lo que se pretende en el Congreso de los diputados es otra cosa, pura demagogia, nada que ver con un impulso real de las lenguas españolas. Una chorrada que va a ser aprovechada por la derecha y la extrema derecha como un ataque, cuando, hecho con prudencia y consenso, hasta los diputados del PP de lengua materna cooficial hubieran votado a favor. Las prisas son malas consejeras.