Los grupos de opinión barcelonista Dignidad Azulgrana, Compromissaris FCB, Seguiment FCB y Un Crit Valent han suscrito, como se esperaba, un manifiesto final de sumisión, acatamiento y blanqueo social de los desmanes y atrocidades cometidas por la junta directiva de Joan Laporta en la gestión del Espai Barça, especialmente las derivadas de la elección de la empresa Limak, contra todo pronóstico, y de la firma de un acuerdo de financiación que constituye -y así lo admiten estos activistas- una flagrante violación del acuerdo asambleario de octubre de 2121 en relación con la dimensión, elementos constructivos y coste de las obras.
Ahora bajo la marca Àgora Blaugrana, estos grupos decidieron dirigir a la junta un total de 88 preguntas sobre la licitación a favor de la superconstructora turca y, varios meses después de ser ignorados con una indiferencia humillante por Laporta y por los directivos responsables de las áreas interpeladas, enviaron un requerimiento a la comisión económica estratégica a propósito de las lagunas, inexactitudes y mentiras detectadas entre la edulcorada versión oficial del acuerdo de financiación con Goldman Sachs (e inversores) y el documento real, firmado ante notario, que recoge todos los detalles y condiciones de lo que, en definitiva, es la antesala de la inevitable conversión del Barça en Sociedad Anónima y, en consecuencia, la pérdida del control y de la propiedad por parte de sus socios.
Las conclusiones de su reacción a las respuestas obtenidas son de una abierta y resignada aceptación del totalitarismo y la supresión de los derechos de los socios impuesta por Laporta y su junta como estilo de gobierno desde su regreso a la presidencia.
No podía esperarse mucho más de la misma oposición que fue exageradamente agresiva, implacable y con una gran capacidad de movilización contra la junta de Josep Maria Bartomeu y que, tras la victoria electoral de Laporta, viene soportando no sólo la indiferencia y el olvido del nuevo presidente. También se deja embaucar con cualquier excusa y no ha sido capaz siquiera de elevar un solo escrito de crítica ni de exigencia del respeto y cumplimiento de sus derechos ante la junta. Sólo se ha atrevido a firmar un burofax, eso sí, escondiéndose cobardemente detrás de la iniciativa de Jaume Llopis y dirigido a la comisión económica estratégica, después de que sus preguntas se guardaran durante meses en un cajón -mientras duraba la tormenta- y que un directivo impresentable y en paro como Eduard Romeu, vicepresidente económico, les amenazara con ir contra su patrimonio personal si volvían a perturbar la paz y la tranquilidad de la mencionada comisión.
En lugar de reaccionar como tocaría por coherencia con su conducta y sentido de la ética barcelonista en los tiempos de Bartomeu, exigiendo la dimisión de Romeu y denunciando la sistemática vulneración de los más elementales derechos fundamentales y democráticos de los socios, lo que han hecho estos grupos, antes tan beligerantes, ha sido aceptar reunirse con un comando de directivos y ejecutivos y admitir en un comunicado, sin ninguna vergüenza, que a pesar no haber obtenido ninguna respuesta satisfactoria, más bien al contrario, su actitud es la de colaborar y enmendarle la plana a la directiva con una serie de propuestas. La más bochornosa, “someter a aprobación por parte de la próxima asamblea de compromisarios y compromisarias un acuerdo que ratifique los acuerdos tomados por la Junta Directiva del Club en concreto con relación a la financiación del nuevo Palau Blaugrana”.
O sea, antes que señalar a Laporta como culpable de haberse pasado por el forro la decisión soberana de la asamblea, exigir su cumplimiento y el respeto debido a los estatutos, los presuntos colectivos defensores de los socios sugieren y promueven como solución que una nueva asamblea revoque el anterior mandato y apruebe uno nuevo a la medida y gusto de un presidente que, con la excusa de avanzar como sea, ha dejado fuera el Palau Blaugrana, el resto del plan urbanístico previsto. Además, ha pedido 190 millones para cancelar deuda ordinaria y reconoce la imposibilidad de amortizar el préstamo en las condiciones firmadas y con el agravio insuperable de ingresar en el futuro menos dinero (sólo 100 millones) por la explotación del Camp Nou que los 154 millones del ejercicio anterior.
Suenan ridículas las peticiones añadidas de una comisión de control integrada también por socios, más transparencia en el futuro y evitar firmar contratos con empresas que exijan confidencialidad cuando, en su primer comunicado público, Àgora Blaugrana también da por buena que la intención de la junta es incrementar el precio de los abonos unilateralmente cuando se pueda estrenar el nuevo estadio.
Para Àgora Blaugrana, que duda de las respuestas de la junta sobre el Palau Blaugrana -desaparecido del plan- y tampoco se cree a la junta cuando esta asegura que no ha hipotecado ingresos futuros que afectan al ordinario del club, la alternativa es darle encarecidamente las gracias a la junta por sus desvelos y por el gesto de magnificencia y generosidad de haberse rebajado a reunirse con ellos, tarde, sin la menor intención de ser transparente y después de amenazarlos con de dejarlos sin blanca si enviaban otro burofax con preguntas.
A la pregunta de si con otra directiva habrían exhibido esta misma subordinación, obediencia ciega, acatamiento y actitud pusilánime, la respuesta sería siempre negativa. Existen dudas sobre si las consecuencias finalistas de su papel protagonista en el derrocamiento de la junta de Bartomeu y promoción del voto laportista en las elecciones han producido algún beneficio al FC Barcelona. En este momento, sin embargo, harían bien en disolverse como agentes fiscalizadores de la gestión si su verdadera utilidad es precisamente la contraria, la de tapar las vergüenzas, las trastadas y el oscurantismo de la junta de Laporta.
