Un total de 163 periodistas de unos 60 medios de comunicación han protestado frente al CGPJ y al fiscal general del Estado, Álvaro García, contra la condena de dos años de cárcel y de inhabilitación profesional a una periodista de Huelva Información por revelar secretos de un sumario acerca del asesinato de la joven Laura Luelmo, que tuvo lugar en diciembre del 2018. La sentencia asegura que accedió de manera «ilegítima» al sumario judicial y que ha informado de datos que «no son noticiables», que son «irrelevantes e innecesarios», y que, por lo tanto, excedía «la necesaria labor informativa».
Garantizar el derecho a la información
«Que los jueces decidan qué es o no noticiable o qué partes de la realidad deben ser publicadas u ocultadas a los ciudadanos es, para nosotros, motivo de inquietud. No porque cuestionemos la autoridad de los jueces, sino porque deben explicar los criterios en los que basan sus decisiones para que estas no sean arbitrarias ni generen inseguridad jurídica. La sentencia dictada incurre, a nuestro juicio, en ambas cosas», indica el escrito dirigido al fiscal general del Estado, cuyo órgano pedía dos años de cárcel para la redactora.Han indicado que el secreto de la instrucción no es exigible a los periodistas, sino exclusivamente a aquellos obligados a guardarlo, según el artículo 197 del Código Penal: «Los periodistas de tribunales sabemos que la intimidad es uno de los límites a la libertad de información. No justificamos el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivación periodística. No todo vale en nuestro oficio. Pero es exigible una ponderación entre ambos derechos que la Audiencia de Huelva omite por completo. Una explicación de por qué el derecho a la información debe ceder respecto a esos datos cuya difusión se considera delictiva», se explica.
Los periodistas han recordado al fiscal general que los medios de comunicación trabajan para garantizar el derecho a la información de la opinión pública. En este caso, indican que se trata de explicar cómo se investigan los delitos.
Sanción por la vía civil
En un comunicado enviado al Consejo General del Poder Judicial, los periodistas han asegurado que, en todo caso, si hubieran existido posibles excesos en sus informaciones, la periodista debería haber sido sancionada por la vía civil. «La represión penal de los posibles excesos cometidos, en lugar de ser sancionados por la jurisdicción civil, puede causar en los periodistas un ‘efecto desaliento’ enormemente perjudicial para el derecho a la información de los ciudadanos. Ninguna institución implicada en la defensa de los derechos fundamentales puede ser indiferente ante ese riesgo», indican.
Recuerdan que lo que los profesionales deciden publicar siempre se realiza en base al derecho de los ciudadanos a la información y al interés periodístico del asunto en cuestión. «Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no debe permanecer ajeno», expresan.