La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) alcanzó en 2022 cifras récord desde que se puso en funcionamiento en 2009 en expedientes resueltos, número de denuncias recibidas, medidas adoptadas a raíz de investigaciones y participantes en las actividades de formación. En concreto registró 554 denuncias y cerró 577 actuaciones, de las cuales, casi 500 eran expedientes en fase de evaluación previa de verosimilitud. Es la primera vez que Antifraude hace más actuaciones que denuncias recibidas. Su director, Miguel Ángel Gimeno, ha presentado los datos en el Parlament de Catalunya, donde reivindicó la eficiencia de la institución pero al mismo tiempo reclamó más recursos para trabajar mejor y también más capacidad sancionadora.
De las 554 denuncias recibidas, 338, el 61%, llegaron a través del buzón anónimo, 103 de particulares identificados, 49 de representantes políticos, 42 de funcionarios o trabajadores públicos y 3 de sindicatos, entre otros. Por lo que respecta a las instituciones denunciadas, 258 fueron ayuntamientos, 140 fueron entidades o empresas privadas, 99 fueron contra la Generalitat de Catalunya, 12 consejos comarcales, 20 son universidades, tres diputaciones, una fundación y 21 fueron contra otras entidades o administraciones .
Desde el inicio de su actividad en 2009, Antifraude ha abierto un total de 3.064 expedientes de verosimilitud derivados de denuncias presentadas o incoados por iniciativa propia. De las 577 actuaciones de este 2022, 497 son expedientes de evaluación previa de verosimilitud, un 13% más que en 2021 y un 136% más que la media de los últimos diez años, dos son colaboraciones con otras instituciones y 78 actuaciones de investigación.
A raíz de sus investigaciones, Antifraude ha tenido conocimiento de 63 medidas adoptadas por las diversas instituciones afectadas y las autoridades competentes, récord anual de la OAC, ya que en 2021 fueron 59. La mayoría de las medidas, 38, fueron correctoras o reparadoras, 31 de las cuales aplicadas por entes locales. También hubo seis medidas preventivas, seis disciplinarias, ocho revisoras y cinco acciones jurisdiccionales penales. A finales de 2022 había 295 actuaciones todavía abiertas: 227 a entes locales, 52 a la Generalitat y 14 a universidades.
