Joan Laporta, como ya había dejado entrever en sus declaraciones sobre el caso Negreira, ha dado un giro en su estrategia de defensa, planteando a la Fiscalía su deseo y determinación de participar en el proceso, también como parte perjudicada, por si finalmente los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu fueran condenados.
La Fiscalía, en su querella, acusa al club y a varios exdirectivos y exejecutivos de las dos juntas anteriores los delitos de corrupción en los deportes, administración desleal y falsedad de documento mercantil, además de intentar influir en la competición a través de los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
Aunque fue Laporta quien los inició y regularizó a partir de 2005, aumentando sustancialmente las retribuciones que Joan Gaspart había decidió cuatro años antes, el actual presidente no sólo se siente a salvo a causa de la prescripción de sus actuaciones. También quiere promover y consolidar un relato según el cual, si Rosell y Bartomeu fueran declarados culpables, habrían sido ellos los responsables ante la ley de incumplirla penalmente. Con ese propósito, hace unos días, Laporta ha decidido cambiar al abogado inicialmente puesto al frente, Cristóbal Martell, y sustituirlo por Marc Molins, a quien dio instrucciones de ir a por los expresidentes, especialmente contra Bartomeu.
En el escrito presentado en nombre del FC Barcelona se sostiene que la entidad tiene «la condición de ofendida y perjudicada por la presunta comisión de un delito de administración desleal», ya que el patrimonio del club ha sufrido «un perjuicio» con los pagos realizados durante 17 años a José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez Romero.
En el colmo del cinismo, la petición caníbal y en cierto modo cainita de Laporta hace suyos los argumentos de la propia Fiscalía cuando se refería a los pagos a las sociedades Dasnil y Nilsad, de Enríquez Negreira, que entre 2001 y 2018 superaron los 7,3 millones de euros, reconociendo que supusieron «una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno». Por eso, los letrados del Barça se amparan en defender que «el patrimonio del club presuntamente se habría venido administrando indebidamente, causando, en consecuencia, un perjuicio al mismo». Se concentra, además, en que «con independencia de la existencia de una prestación real y efectiva de un servicio de asesoramiento técnico arbitral, este servicio habría venido facturándose doblemente, formalizándose, además, uno de dichos canales de facturación a través de mercantiles interpuestas que recibían una comisión por ello», en referencia a los pagos del club al hijo de Negreira mediante la sociedad de un miembro de la comisión deportiva del Barça B, Josep Contreras.
En este episodio concreto, la doble moral de Laporta es donde mejor se refleja, pues, efectivamente, incide en el hecho de que Bartomeu, mientras heredó los pagos a Negreira, contrató a su hijo, Javier Negreira, según su testimonio ante Hacienda, desde el convencimiento de que era una forma de clarificar y normalizar esos informes arbitrales que ciertamente su padre cobraba, aunque los realizaba. Resultó que no eran sustitutivos, sino complementarios y, como se ha acabado sabiendo, igualmente caros e inútiles a efectos del primer equipo y del filial.
La participación cada vez más sospechosa y siniestra de Josep Contreras, fallecido en diciembre pasado, resulta también incomprensible, pues consiguió convencer a quien fuera para pagar esos informes, facturando desde una sociedad suya al club por otros conceptos y él, a su vez, satisfacer los servicios de Javier Negreira. El rastro de esa doble contabilidad se ha vuelto desconcertante y también sospechoso, pues Contreras cobraba mucho más de lo que pagaba a Javier Negreira. La versión de algunas fuentes fidedignas apunta a que Contreras destinaba ese margen a los gastos ocasionados por las visitas a Barcelona del presidente Ángel María Villar con la finalidad de mantener esas buenas relaciones con la RFEF.
El entramado será complicado de defender como una serie de operaciones justificadas y transparentes ante un juez, por eso Laporta quiere que si esa derivada del caso salpica al alguien sea a un expresidente como Bartomeu que, paradójicamente, fue quien cortó de raíz ambas vías de financiación del clan Negreira.
Aun así, disponiendo de toda esta información, Laporta tuvo el valor y el descaro de empaquetar esos informes de Javier Enríquez en cajas, mostrarlas en la rueda de prensa monográfica sobre el caso, y afirmar que «aquí están los informes», dando a entender que se trataba del material histórico documental del padre desde que él mismo negoció a su favor un salario encubierto de casi 50.000 euros mensuales por catorce pagas anuales. Es decir, que los mismos informes los ha usado para cubrirse falsamente las espaldas hace un mes como ahora para cargarle el muerto, si puede ser entero, a un presidente posterior. La Fiscalía debe admitir o no esta pretensión de Laporta a la que Bartomeu se opondrá lógicamente con un escrito de réplica.
Laporta no está solo en este otro frente mediático para aparecer como el bueno de la película del caso Negreira. Su aparato de club y el de su entorno se han puesto rápidamente manos a la obra, incluido el exdirectivo Albert Perrin, que ya ha realizado dos intervenciones ante los medios, especialmente preparadas con la finalidad de poder ofrecer una extraña versión sobre su experiencia en el caso Negreira. Según él, en 2003, cuando la nueva junta tomó posesión del cargo y el tesorero descubrió los pagos, se celebró una cumbre entre los vicepresidentes Ferran Soriano y Sandro Rosell, con Joan Laporta, en la que Rosell apostó por mantenerlos en beneficio del Barça. Su narrativa, sin embargo, no se sostiene, pues según el sumario y los datos de Hacienda, ya contrastados, el primer pago a Negreira fue realizado por Gaspart en 2001 y luego no hubo un segundo pago hasta 2005, cuando Rosell ya había dimitido como vicepresidente.
Difícilmente alguien pudo seguir una trama de facturas continuadas a favor de Negreira en 2003, pues sólo hubo una dos años antes y ninguna en 2003 y 2004. Claro que Albert Perrín no es alguien con una reputación fiable en asuntos del Barça, pues cuando Joan Oliver le pidió justificar los enormes cargos de su tarjeta con motivo del Mundial de Clubs disputado en Abu Dhabi en 2009, Perrín atribuyó gastos realizados en hoteles que, en los días del viaje de Barça, aún no había sido inaugurados.
