Entidades sociales de toda Cataluña han reclamado «voluntad política real» a los candidatos a las elecciones de domingo para aplicar la ley del padrón. En un acto conjunto en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), han denunciado que, a pesar de ser una obligación para todos los ayuntamientos, 35 municipios catalanes continúan poniendo obstáculos de «todo tipo» a personas en situación de exclusión residencial. Las entidades aseguran que los consistorios «están utilizando la burocracia como represión» para impedir que las personas más vulnerables puedan acceder a un derecho básico como es el de empadronarse en el municipio donde viven. «Empadronarse es la puerta de acceso a la salud o la educación y no garantizar este derecho es practicar racismo institucional», han denunciado.
En rueda de prensa a la parroquia de Sant Benet de L’Hospitalet de Llobregat, las entidades han lamentado que los ayuntamientos que incumplen la ley lo hacen con «total impunidad» porque la mayoría de las personas afectadas «ni pueden ni quieren» afrontar un proceso judicial que se puede alargar muchos meses. En este sentido, han recordado que el padrón es un «metaderecho» que da acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o el acceso al SOC (Sistema de Ocupación de Cataluña), lo que hace que no se pueda renunciar a él durante un periodo de tiempo largo.
La activista jurídica Laia Costa ha recordado que la gran mayoría de personas que tienen problemas para empadronarse son «pobres y recién llegadas» y en situación de exclusión residencial, lo que hace que se pueda hablar de «racismo institucional». Aquí, ha lamentado que ante las trabas que muchos ayuntamientos les ponen, estas personas renuncian a empadronarse por miedo a perder su casa. «¿Cómo no tiene que tener miedo una persona que vive en un local o una mujer que vive con su hijo en una habitación de un piso compartido si el día siguiente les puede llegar un expediente administrativo?», ha añadido.
Abdelaziz, de la Asociación por la Convivencia y la Cohesión Social de Arbúcies, ha denunciado que en su municipio se incumple «conscientemente y reiteradamente» la ley del padrón exigiendo documentación sin ninguna base legal, lo que hace, asegura, que un 5% de la población, unas 300 personas, no esté empadronada. A modo de ejemplo ha explicado que a los solicitantes se les pide tener el mismo apellido que la persona que lo quiere empadronar, la fianza de la INCASÒL (Instituto Catalán del Suelo) o la cédula de habitabilidad.
Desde Arrels Lleida, Maria Soler, ha asegurado que las trabas que se encuentran las personas con domicilio «inseguro o inadecuado», no solo las sin hogar, para empadronarse son diversas. Muchas, ha lamentado, no son empadronadas por la gente con quien conviven en su casa por miedo a perder las ayudas que reciben, y otros, al no disponer de una dirección estable no reciben nunca las cartas certificadas para cerrar el proceso. «Todo esto hace que un proceso que se tendría que hacer en dos o tres meses se pueda alargar un año», ha añadido.
La inoperancia de muchos ayuntamientos, además, está haciendo que cada vez aparezcan más personas que se aprovechan de las necesidades de las más vulnerables para empadronarlas a cambio de dinero. Pocos días antes de las elecciones municipales, Laia Costa ha reclamado que los nuevos gobiernos municipales que salgan formen sus regidores y técnicos para poder aplicar la ley y dar cumplimiento a la promesa común de «no dejar a nadie atrás». En este sentido, ha recordado que los ayuntamientos reciben recursos en función de su población y que tienen que tener los recursos para certificar quién vive.
