El mundo se vertebra y se organiza, cada vez más, como una red de grandes metrópolis. Es la dinámica que impone la necesidad de vivir millones de personas en un mismo lugar para poder prosperar más rápidamente (más talento, más innovación, más empresas, más riqueza, más consumo…) y la consecuencia del sistema de transporte aéreo, que consagra el binomio ciudad-aeropuerto.
En la península ibérica tenemos tres grandes metrópolis: Lisboa (2,8 millones de habitantes), Madrid (5,5 millones) y Barcelona (3,3 millones). Con graves disfunciones: Lisboa, por ejemplo, necesita con urgencia un nuevo aeropuerto; todavía no hay conexión de alta velocidad ferroviaria entre Lisboa y Madrid; y el aeropuerto de Barcelona, por las limitaciones medioambientales de su ampliación, no es un “hub” intercontinental.
Lisboa-Madrid-Barcelona forman la diagonal ibérica, que une la fachada atlántica de la península con la mediterránea. Este es un eje que, si lo consolidamos y sabemos explotar todas sus potencialidades, tiene un porvenir industrial y logístico de primera magnitud mundial.
Este próximo domingo tenemos elecciones municipales. Los ciudadanos de Barcelona, L’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, Badalona, Viladecans… escogeremos a nuestros representantes en cada Ayuntamiento. Pero sabiendo que nuestra realidad geográfica, económica y cultural es, esencialmente, metropolitana.
El año 1974 se creó la Corporación Metropolitana de Barcelona, antecedente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), aprobada en 2010 por ley del Parlamento. Reúne a 36 municipios y tiene competencias en urbanismo, transporte, suministro y depuración de agua, playas, espacios naturales, gestión de los residuos…
Pero el AMB, tal como la conocemos, presenta graves déficits estructurales. El primero, su débil legitimidad democrática, ya que los 90 miembros del Consejo Metropolitano son escogidos de manera indirecta, a partir de los resultados que obtienen los partidos en las elecciones municipales.
El segundo, que no tiene competencias exclusivas y su ámbito de gestión está “invadido” por otras administraciones de segundo nivel, como la Diputación de Barcelona y los consejos comarcales del Baix Llobregat y del Vallès Occidental. Tampoco tiene suficiente autonomía recaudatoria y el presupuesto para su funcionamiento depende, en buena medida, de transferencias públicas externas.
El AMB tiene que dejar un órgano de coordinación supramunicipal para devenir una institución política con capacidad de representación de los 36 municipios que lo integran y de los 3,3 millones de habitantes metropolitanos. La Generalitat, del mismo modo que ha aprobado la creación de la nueva comarca del Lluçanès, tiene que reconocer la singularidad y la necesidad de fortalecer el AMB.
Sabiendo que esto es bueno para el conjunto de Cataluña. En la medida que la capital pueda integrar y potenciar su dimensión metropolitana, esto redundará en beneficio de todo el país. Las comunicaciones y las telecomunicaciones ya conectan rápidamente todo el territorio y, en este contexto, agitar al “fantasma” del centralismo barcelonés ha perdido el sentido que tenía décadas y siglos atrás.
Quien sea escogido alcalde de Barcelona este 28-M tiene que encabezar el proceso para la evolución del AMB para convertirla en el “gran Ayuntamiento” que requiere la realidad metropolitana. De entrada, exigiendo la transferencia de las competencias y las partidas presupuestarias de las administraciones concurrentes, como son la Diputación de Barcelona y los consejos comarcales.
No se trata de fusionar los 36 municipios metropolitanos, como pasó en 1897 con la integración forzosa a Barcelona de las localidades de Gràcia, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu del Palomar, Sant Gervasi de Cassoles, Sants y las Corts. Cada municipio tiene que mantener su identidad y su autonomía, pero, a la vez, sintiéndose corresponsable y copartícipe de su pertenencia a unas dinámicas metropolitanas comunes y compartidas.
El AMB ha estado presidida los últimos ocho años por Ada Colau. Durante este largo periodo, la institución metropolitana no ha dado ningún paso para incrementar su rango institucional, ni para avanzar en su democratización, ni para ampliar sus competencias. Sencillamente, Ada Colau ha “pasado” de la AMB, pero, eso sí, ha aprovechado la cuota partidista que le tocaba a los comunes para enchufar a algunos de sus fieles seguidores.
Este 28-M hay muchas razones para no votar a Ada Colau e impedir así su reelección como alcaldesa de Barcelona. Una de las más importantes es su miopía a la hora de entender y activar la potencia de la realidad metropolitana, que ha sido flagrante. Ha renunciado a liderar el AMB y a luchar por su reconocimiento político y su proyección nacional e internacional.
Esta pasividad deliberada contrasta con el empeño y el compromiso que tuvieron con el impulso de la institución metropolitana antecesores suyos en el cargo, como Pasqual Maragall, Joan Clos o Jordi Hereu, que se lo creían y actuaron en consecuencia. Situados en el siglo XXI, Barcelona será metropolitana o no será.
Para participar y competir en la liga de las grandes ciudades que concentran y dirigen la economía mundial, Barcelona tiene que volver a “derribar” sus murallas -como hizo en el siglo XIX con las que rodeaban y ahogaban a la ciudad medieval- y operar, de manera decidida, en clave metropolitana. Esto quiere decir, de entrada, actuar con generosidad y empatía con los municipios de la corona a la hora, por ejemplo, de facilitar la entrada y la salida de la capital con vehículo, que Ada Colau ha convertido en una tortura.
