El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado con los votos de la mayoría progresista el recurso de inconstitucionalidad que el PP había presentado contra la Ley de Educación del 2020, la Ley Celaá. Los magistrados recogen algunos de los argumentos que ya utilizaron para rechazar un recurso de Vox contra la misma ley ahora hace un mes, y rechazan así la pretensión del PP sobre el «derecho» a recibir educación en castellano en Cataluña. La sentencia se ha aprobado con los votos de los magistrados progresistas a excepción del exministro Juan Carlos Campo, que se ha abstenido porque formó parte del gobierno que redactó y aprobó la ley.
Los magistrados también avalan que la ley señale como lenguas «propias» el catalán, el vasco y el gallego en los territorios donde son cooficiales. El PP aducía que la normativa no podía hacer esta denominación de lenguas propias en contraposición de la asignatura de castellano, que aparece como «lengua castellana y literatura», pero el TC argumenta que la fórmula es perfectamente constitucional.
Según los magistrados, esta cuestión solo es terminológica y no tiene ningún efecto sobre el régimen lingüístico de la educación, porque la ley utiliza los términos «cooficial» y «propia» de manera indiferente, y lo hace para referirse a una situación «exclusiva» de algunas comunidades autónomas, a diferencia del castellano, que es la lengua «compartida por todas».
Además, el TC avala la prohibición de concertar las escuelas que diferencian por sexos. La sentencia recuerda que el legislador no tiene por qué promover la educación diferenciada si considera que existe un modelo pedagógico que se adecua mejor en los valores de la Constitución. Por otro lado, el tribunal también reconoce la constitucionalidad de los aspectos de la ley relativos a la enseñanza de la religión y la escolarización de alumnas con necesidades especiales, y rechaza la parte del recurso del PP respecto a la cooperación local en la obtención de los solares para la construcción de nuevos centros docentes públicos.
Los cinco magistrados conservadores del TC han anunciado que presentarán votos particulares contra la sentencia.
