Cuando los Mossos d’Esquadra empezaron, a principios de este año, a tomar declaraciones a varias personas del sector de las ambulancias de Cataluña, todas las luces de alarma se encendieron: había saltado el nombre de David Madí, el que había sido el hombre fuerte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y mano derecha de Artur Mas. David Madí había abandonado la política el 2011 y había creado un pequeño pool societario destinado a realizar negocios con importantes empresas de la Ibex-35 que le suponían ingresos de centenares de miles de euros anuales.
Los agentes sospechan que la unión temporal de empresas (UTE) formada por Lafuente Serveis Sanitarios, por Grupo Lafuente y por Ivemon Ambulancias Egara podía estar en manos de un hombre a la sombra que podría ser David Madí. Esta UTE consiguió tres de los 13 lotes del transporte sanitario catalán: los correspondientes a las demarcaciones de Lleida, Tarragona y las Terres de l’Ebre. El concurso tuvo lugar el 2015, y la duración de la concesión es de 10 años ampliables y supone para esta UTE unos ingresos anuales de entre 45 y 50 millones de euros.
En algunos círculos políticos y empresariales se afirma que la Audiencia Nacional tiene un testigo secreto que ha explicado al juez Santiago Pedraz todos los detalles de la historia de la adjudicación. Se apunta, incluso, que podría ser alguien próximo a Óscar Simón, fundador de Ambulancias Egara, compañía de la cual hoy es socio minoritario, quien puso los investigadores sobre la pista política del tema.
La verdad, sin embargo, es que hasta ahora todavía no hay ninguna prueba sólida sobre irregularidades en la adjudicación ni sobre la manipulación de la gestión desde la sombra. Es más: en círculos judiciales se deja caer que “no se ha encontrado lo que se quería encontrar”. Ni en los asientos contables de las empresas ni en las cuentas corrientes de los imputados ni en los correos electrónicos se han encontrado, hasta el momento, rastros de relaciones de los principales implicados con políticos.
Donativo a la Fundació CatDem
El testigo protegido afirmó en los Mossos que Madí tenía dos hombres de confianza que movían los hilos de la empresa: Fermí Ferran i Álex García-Cascón, una afirmación que todavía no ha sido probada. Pero el hilo para estirar está aquí, y tanto el juez como los agentes de los Mossos y de la Guardia Civil, que también ha intervenido en el caso, se han puesto a trabajar para dilucidar si hay algo de cierto en estas sospechas. Uno de los argumentos que se tienen en cuenta es que el concurso se hizo cuando era presidente Artur Mas y, dada su relación de estrecha amistad con David Madí, se tiene que verificar que no hubiera habido ninguna interferencia en el proceso de adjudicación. Además, Ambulancias Egara había hecho al menos una donación de 30.000 euros a la Fundació CatDem, la misma a través de la cual Convergència desviaba el dinero del Palau de la Música.
Los motivos de las sospechas políticas, pues, estaban muy enlazados, aunque hasta el momento no se han encontrado pruebas suficientes de manipulación política. Sin embargo, hay dos detalles más que han llamado la atención de los investigadores. Se trata de dos personas con fuertes conexiones con Convergència que aparecen en la investigación, y respecto a las cuales todavía no está del todo verificado su grado de participación en la operación.
Óscar Simón, uno de los propietarios de Ambulancias Egara, declaró el jueves 27 de abril ante el juez Santiago Pedraz, titular del juzgado central número 5. Reconoció que mantuvo contactos con David Madí, pero negó cualquier irregularidad en la adjudicación de los tres lotes. Simón admitió ante el magistrado que, el 2011, contactó con el hombre que hasta hacía poco había llevado las riendas de la comunicación y la imagen de Convergència porque necesitaba un socio que inyectara liquidez a su empresa.
Un empresario próximo a CDC
La primera sorpresa saltó cuando el empresario de las ambulancias desveló que el enlace entre él y David Madí fue el empresario Joan Dídac Gallardo, director del circuito Can Padró, en Castellbell i el Vilar, donde se entrenan los escoltas y que ha acogido en sus instalaciones no solo las élites de los vigilantes de seguridad, sino incluso agentes de la policía, la Guardia Civil o el CNI. Can Padró siempre ha sido objeto de devoción por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad por sus instalaciones de alto nivel. Pero también por parte de empresas relacionadas con las emergencias, puesto que en sus instalaciones se puede simular prácticamente cualquier accidente o situación de conflicto.
Gallardo era entonces administrador de empresas como por ejemplo Gestión Integral de Servicios de Emergencia, Emergencias Plus Agrupación de Interés Económico y Ambulancias Barcelona. Era, así mismo, socio único de Security & Safety Sistems Can Padró, administrador único de Global Formación Plus (la empresa que explotaba el circuito) y administrador también de Intelligence Dosier Partners. Pero era, sobre todo, un empresario muy vinculado a la política y con excelentes relaciones en el mundo convergente.
Gallardo llegó a Madí porque sabía que era un hombre muy bien informado y relacionado. Su llamada al exresponsable de comunicación de CDC para que se interesara por el tema no fue fruto del azar. “Sabía que, con sus relaciones políticas y económicas, Madí era el hombre idóneo para presentar un partner capitalista a Simón. Acababa de dejar la política y su nombre estaba en boca de todos cuando se producía cualquier movimiento financiero de envergadura en Cataluña. Todo el mundo sabía que Madí era el hombre con influencias y con contactos para saber a quien le podía interesar una gran operación económica”, explica un importante empresario que conoce Madí.
El antiguo alto cargo de Convergència acababa de crear la empresa ICAT Desarrollo con Joan Albert Arqués, CEO de la constructora leridana Benito Arnó & Hijos. Arqués, además, era muy amigo de Artur Mas, igual que Madí. Por lo tanto, no había ningún impedimento por parte del poder político para que se pudiera diseñar una operación de gestión de una parte del importante pastel del transporte sanitario urgente y no urgente de los siguientes 10 años, el importe del cual subía a 2.556 millones de euros. Las identidades de las personas que participaron en un primer momento en la operación, pues, provocaron todavía más sospechas de connotaciones políticas sobre el concurso de las ambulancias.
Simón, sin embargo, dijo al juez Pedraz que no hubo interferencias en las adjudicaciones. Y aportó como argumento el hecho que, en este caso, si él hubiera podido influir en las decisiones, habría tenido el contrato de la comarca del Vallès, en el cual ya tenía la infraestructura del transporte montada y que había gestionado hasta aquel momento. Y añadió otro dato que reforzaba su afirmación: el 2012, al inicio de las negociaciones para que el grupo inversor metiera dinero a Egara, Arqués salió de ICAT Desarrollo, y él rompió las conversaciones con David Madí por falta de química personal, a pesar de que ICAT tenía una opción de compra de su empresa. Joan Albert Arqués confirmó ante Pedraz su salida de la empresa de Madí argumentando que no veía claro el negocio.
La retirada de Madí
Bien es verdad que al poco de romper la sociedad con Arqués, David Madí también se retiró de Ambulancias Egara y Simón llegó a un acuerdo con Fermí Ferran y con Álex García-Cascón para la venta de un paquete accionarial de su empresa. La retirada de Madí, se afirma en el sector del transporte sanitario, provocó también que se resolviera la especulación sobre presuntos intereses políticos en la operación. De hecho, Ambulancias Egara emitió un comunicado negando que sus directivos tuvieran vínculos con ningún partido político, “ni con personas involucradas en casos de presunta corrupción política”, y asegurando que todas las adjudicaciones de contratos fueron realizadas de forma transparente y de acuerdo con el derecho.
A pesar de todo, los investigadores tienen el punto de mira puesto en la operación de adjudicación de los contratos de transporte sanitario como tema prioritario. Pero, en segundo plan, también examinan con lupa los movimientos societarios por los cuales la familia Simón fue relegada de la empresa y acabó siendo accionista minoritaria cuando poco antes tenía un holding con 1.200 trabajadores en sus manos. Fuentes vinculadas al caso restan importancia a este segundo asunto, y señalan que “la salida de Madí y de Arqués de la operación de compraventa de acciones al menos dos o tres años antes del concurso resta bastante a la teoría de la manipulación política”.
Los primeros testigos que han acudido a la Audiencia Nacional como investigados desmintieron cualquier connotación política, contrariamente a lo que habría declarado ante los Mossos el testigo secreto. Fermí Ferran, Álex García-Cascón, David Madí y la empresaria María José Cordovilla tendrán que declarar como imputados después de las elecciones municipales. Los dos primeros, el 31 de mayo, y los dos últimos, el 8 de junio. Por el juzgado han pasado también los hermanos José Ramón i Manuel Castarlenas, propietarios de RCM Auditoras, la compañía que auditaba los balances de Ambulancias Egara.
Concurso de acreedores
De la antigua UTE ya no queda casi nada. El grupo Lafuente salió del negocio, presionado por las deudas, y el principal accionista de Egara, Óscar Simón, que había heredado la empresa de su padre, acabó vendiendo a sus socios la mayor parte del capital de la compañía el 2016.
Pero sí que queda la duda de si todo va ser una mesurada operación financiera para utilizar unos socios que no sabían que se los estaba utilizando para conseguir el control de una parte del pastel del transporte sanitario. Aunque en algunos ámbitos sanitarios se habla que el grupo Lafuente fue casi boicoteado por sus socios a la UTE, lo único objetivamente cierto es que el 2017 presentó concurso voluntario de acreedores, y por eso tuvo que abandonar la asociación empresarial.
Este concurso voluntario se produjo a causa de actividades al margen de la gestión a la UTE de las ambulancias, cosa que tampoco ayuda a aclarar la situación.