Finalmente, uno de los grupos de socios del FC Barcelona indignados y ofendidos por el descaro con el que Joan Laporta hizo presentar la financiación opaca y embustera del Espai Barça ha dado el primer paso encaminado a una impugnación por el incumplimiento del acuerdo asambleario sobre el uso de un préstamo de 1.500 millones de euros para la ejecución del conjunto de la obra. La cuestión controvertida se centra en que el vicepresidente económico Eduard Romeu, en nombre de la junta, afirmó que en el paquete de los 1.450 millones concertados con Goldman Sachs y otros inversores se contemplaba la construcción del Palau Blaugrana al mismo tiempo que ese mismo equipamiento desaparecía del desglose facilitado por la misma junta, por medio de sus ejecutivos. Con posterioridad, además, distintas fuentes periodísticas han confirmado internamente que, en efecto, el nuevo Palau Blaugrana no figura como destino de esa operación crediticia que, en la práctica, alcanzará sólo para la reforma del Spotify Camp Nou.
Este es otro de los aspectos destacables de la pre-denuncia elevada por un grupo de socios encabezado por Jaume Llopis, exmiembro de la Comisión del Espai Barça de Joan Laporta, que dimitió en cuanto tuvo consciencia de los verdaderos planes del presidente, que no son otros que volcarse en una obra misteriosa y sorprendentemente adjudicada a una constructora turca como Limak.
En un escrito dirigido al Síndic del Soci, Joan Manuel Trayer, al que informa del requerimiento que se ha hecho llegar a la junta para esclarecer la operación financiera, expresa también su sorpresa por haber licitado las obras a favor de Limak en 960 millones y ahora haberse anunciado un coste de 1.071 millones, eso sin contar con los 200 millones para contingencias debido a que la propia inversora no se fía ni de los plazos ni del presupuesto.
La estrategia de Jaume Llopis, exalto cargo ejecutivo de empresas de enormes prestigio y solvencia, además de profesor de IESE y reconocido académico en el ámbito de la economía, pasa por realizar un requerimiento previo a la Comisión Económica Estatutaria, integrada por Joan B. Casas, Júlia Bosch, Carme Hortalà, Jaume Carrasco, Francesc Martí y Eduard Romeu, del informe preceptivo que por normativa le corresponde realizar previo a una operación de esta magnitud. Le concede exactamente siete días a contar desde este lunes para hacerle llegar dicho informe, circunstancia que en ningún caso va a hacerle desviar de lo que considera una infracción de la junta.
El documento dice hablar en nombre de «socios y abonados profundamente preocupados y, al mismo tiempo, molestos y contrariados por las noticias recibidas con relación a la financiación del Espai Barça, que ponen en peligro la economía y el devenir futuro del Club y van en contra de nuestros Derechos».
Se refiere, a continuación, a que en la asamblea general celebrada del día 20 de octubre de 2021, los socios aprobaron un plan inequívoco de inversiones y de costes a ejecutar las obras del Espai Barça en los siguientes términos: «900 M€ para el futuro Camp Nou; 20 M€ para el estadio Johann Cruyff; 60 M€ para la modificación del Plan General Metropolitano; 100 M€ para la urbanización del entorno y el Campus Barça (Museo, Hotel, Centro de Convenciones, Megastore, …); y, 420 M€ por el nuevo Palau Blaugrana (…) Estatutariamente los acuerdos asamblearios son vinculantes para todos los socios y para la Junta Directiva».
A la vista del anuncio de la directiva del pasado día 27 de abril sostiene que «contradice e incumple el acuerdo y mandato adoptado en Asamblea General» y resume que la operación de financiación «incumple el mandato contenido en el acuerdo aprobado por la Asamblea General de socios celebrada los días 17 y 20 de octubre de 2021, -y ratificado por referéndum telemático-, el cual autorizó a la Junta Directiva para que se ejecutaran las actuaciones necesarias para conseguir financiación para el Proyecto Espai Barça por un importe que no superara los 1.500 M€, en el bien entendido de que este importe comprendía, además del Camp Nou, todas las obras del Proyecto Espai Barça, es decir, la modificación del Plan General Metropolitano – la urbanización del entorno y el Campus Barça (Museo, Hotel, Centro de Convenciones, Megastore, …); y el nuevo Palau Blaugrana, al que debían destinarse las cantidades antes desglosadas. La exclusión de la ejecución de estas obras de la financiación formalizada, además de incumplir el mandato del acuerdo asambleario, ocasiona perjuicios al Club en una cantidad aproximada de 500 M€ (coste aproximado de las obras no incluidas en la operación de financiación), por lo que esta financiación no tiene amparo asambleario, estatutario, ni legal, además de causar perjuicios económicos al Club, que pueden incidir negativamente en la marcha, funcionamiento e, incluso, el modelo de propiedad del mismo».
También pide claridad expresa sobre las verdaderas garantías concedidas a los prestamistas y «las repercusiones económicas que podría tener el incumplimiento de los mismos, como pago de multas, incremento del tipo de interés, aumento de garantías, solicitudes de repago de la deuda o la finalización anticipada del contrato de deuda, entre otras medidas drásticas, y cómo estos incumplimientos podrían afectar al modelo de propiedad del Club».
La conclusión es que la Comisión Económica debe haber elaborado el informe correspondiente, lo que la convierte en cómplice y responsable de las consecuencias si su dictamen es favorable, un extremo sobre el cual no existen dudas, y también si no entrega a los socios dicho análisis de la operación: «… serán personalmente responsables por todos los daños y perjuicios, que puedan causarse al Club por su negligencia y desatención de las obligaciones de su competencia en defensa de los intereses del Club», amenaza. En este sentido, también interpela y estimula la intervención del propio Síndic del Soci «para que en el ejercicio de sus funciones, intervenga en este tema para defender y proteger los derechos de los socios y socias, entre ellos, el de tener una información clara y transparente de los temas que afecten a la marcha, funcionamiento y modelo de propiedad del Club y, en concreto, sobre los asuntos requeridos a la Comisión, solicitando de la misma y de la Junta Directiva la respuesta a los mismos y la entrega del Informe y Recomendaciones elaborados sobre los puntos descritos en el requerimiento enviado».
Formalmente, también incluye en el requerimiento dirigido a la junta una reclamación por las afectaciones del traslado a Montjuic «por suspender los derechos de los actuales socios abonados y de hacer una subida encubierta del precio del abono (…) instrumentándolo en la forma de pase temporal, acuerdo y medidas a las cuales nos oponemos total y frontalmente, porque entendemos que existe falta de competencia de la Junta Directiva para adoptar este acuerdo y medidas y, además, no ajustarse a los Estatutos ni a Derecho».
