El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la consejera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por la organización del 1 de octubre, como culpable de un delito de desobediencia.
La sentencia coincide con la petición de pena que había formulado la Fiscalía por el papel de Serret, cuando era consejera de Agricultura del gobierno de Carles Puigdemont, en la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, en marzo de 2017, que incluían partidas para la votación del 1-O, y por haber firmado el decreto de convocatoria, a pesar de recibir las advertencias del Tribunal Constitucional.
«La acusada era perfecta conocedora de la ilegalidad de todas las decisiones que le fueron objeto de notificación y requerimiento por parte del TC, ignorando de forma consciente y deliberada lo ordenado por el TC, decidiendo no llevar a cabo ninguna actuación para dejar sin efecto las normas impugnadas, como tampoco realizar ningún tipo de propuesta de nulidad de las mismas», argumenta el TSJC.
Además, añade que Serret hizo un «reconocimiento directo y sin negación alguna» durante el juicio de que había actuado «por sus convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán y de poder decidir su futuro político que dimanan de la existencia de una mayoría social en Cataluña que reclama el derecho a decidir».
La consejera Serret se estableció en Bélgica en 2017 para evitar la acción de la justicia española y no regresó a Cataluña hasta marzo de 2021, cuando fue elegida diputada en el Parlamento de Cataluña por ERC, una vez ya no había orden europea alguna de detención contra ella, aunque todavía estaba procesada por malversación y desobediencia.
