El gobierno de la Generalitat abre la puerta a fijar una moratoria en el aspecto sancionador del decreto contra la sequía, aprobado la semana pasada con la abstención del PSC, JxCat, CUP y comunes. Precisamente el tema de las sanciones es uno de los puntos que se debatirán este viernes en el marco de la cumbre del agua, donde los grupos parlamentarios se posicionarán sobre varios aspectos del documento.
Si bien el ejecutivo catalán considera que hay que hacer cumplir las normas, otras fuerzas quieren dar más margen a los consistorios y eliminarlo del documento. La cumbre se celebrará a las 4 de la tarde en el Palau de la Generalitat y congregará representantes del ejecutivo –liderados por su presidente, Pere Aragonès-, la Agencia Catalana del Agua (ACA) y todos los grupos parlamentarios menos Vox.
Según el ejecutivo de Aragonès de momento no se ha aplicado ningún tipo de sanción en ningún municipio, pero el ejecutivo asegura que el simple anuncio de la incorporación de esta posibilidad ya ha tenido un carácter disuasivo y ha acelerado la puesta en marcha de planes de emergencia o peticiones de datos por parte de diferentes ayuntamientos de todo el territorio.
Un 25% de los municipios catalanes consume más agua de la que fijan las restricciones. Representa menos del 10% de la población, pero en un contexto de escasez de agua -derivada de la situación climatológica y la falta de lluvias– puede ser clave para abocar el territorio catalán a una nueva fase de emergencia dentro de la escala marcada por la ACA. Paralelamente, la hoja de ruta que se marque a la cumbre podría permitir acelerar algunas propuestas como, por ejemplo, la construcción de la nueva desalinizadora proyectada en Cubelles.
La CUP y los comunes critican que se continúe apostando por los macroproyectos
La CUP también ha confirmado su asistencia a la cumbre, a pesar de que la considera «propagandística». En rueda de prensa el diputado cupero Xavier Pellicer remarcó que la reunión «no servirá para hacer frente a la sequía» pero pretenden ser presentes para «abrir un debate en profundidad» y saber los detalles del consumo de agua en Cataluña. Además, han subrayado que la sequía no se puede combatir solo con desalinizadoras porque tienen un elevado coste energético.
Los cuperos también han denunciado que mientras se quiere hacer frente a la sequía el gobierno catalán continúa apostando por macroproyectos como el Hard Rock o los Juegos de invierno.
Las críticas de los comunes han estado similares y han remarcado que el macrocomplejo recreativo Hard Rock es «incompatible» en un contexto de sequía y cambio climático. En Comú Podem también ve «insuficiente» el decreto aprobado por el ejecutivo catalán y convalidado por el Parlamento de Cataluña y al encuentro prevén pedir que haya más planificación a largo plazo. Entre las medidas que proponen hay la aceleración de los procesos de municipalización del agua que hay abiertos en varios municipios.
