Seis meses de prisión para un conductor de autobús por insultos racistas

La Audiencia hace pagar a Transportes Metropolitanos de Barcelona la indemnización a las víctimas

Judici al conductor de TMB

La Audiencia de Barcelona ha condenado a seis meses de cárcel a un conductor de autobús de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) por proferir insultos racistas a una pasajera musulmana y a sus tres hijos menores en mayo de 2020. La mujer tuvo problemas para validar una tarjeta y esto provocó que el conductor le dijera que quería vivir gratis y que se tenía que volver a su país. Además, fuera del vehículo, intentó quitarle el velo a la mujer y forcejeó con los hijos, que querían proteger a su madre. El tribunal le condena por un delito de odio a pagar también 1.800 euros de multa y 4.383 euros de indemnización a las víctimas, que tendrá que pagar TMB, y tres años de inhabilitación para ocupación docente, deportiva o de ocio.

Según considera probado la sentencia, hacia las 6 de la tarde del 29 de mayo de 2020, durante el primero desconfinamiento de la pandemia, la mujer y sus tres hijos de 14, 10 y 3 años, subieron a la línea V-19 en el Carmel y en dirección a la Barceloneta. La mujer pagó su billete con una tarjeta suya, pero la T-16 de su hija mayor había sido sustituida por una tarjeta de canje que también había caducado. El conductor no le hizo ninguna indicación, pero hizo alusiones a su origen étnico porque llevaba velo en la cabeza y dijo: «Venís aquí a vivir gratis». Posteriormente, la mujer y los hijos se sentaron en el bus y el conductor continuó haciendo comentarios sobre su origen migrante. Después de unas paradas, el trabajador se dirigió a la mujer y le dijo que bajara del vehículo, cosa que otros pasajeros celebraron.

Ya en la calle, la mujer iba a hacer una foto de la matrícula del bus, cosa que provocó que el conductor parara el vehículo de nuevo y bajara. «Muy alterado y a gritos» insultó a la pasajera con expresiones como «putos moros» o «vete a tu país». Además, intentaba sacarle el velo de la cabeza y le quería hacer fotos con su móvil. Los tres hijos quisieron proteger su madre, pero el acusado, «a causa de la ira que lo dominaba», los cogió por los brazos para apartarlos y estiró los cabellos a uno de los menores. Algunos peatones recriminaron los hechos al conductor, que acabó volviendo al bus y siguió la marcha.
En la sentencia, el tribunal dice que la acción duró tanto rato que no se puede alegar que el hombre sufriera un «cortocircuito» y que no tiene nada a ver una tarjeta de transporte público con querer quitar el velo a la pasajera. Además, recuerda que a pesar de que el conductor estuviera enfadado y la insultara, los insultos no habrían tenido que hacer referencia a su origen nacional o religioso.
Durante el juicio el hombre negó los hechos, diciendo que la mujer no quería pagar el billete y lo amenazó de muerte, pero la víctima aseguró que sí que llevaba una tarjeta, pero caducada, y negó ninguna amenaza. Según el chófer, él no insultó la mujer, sino que le dijo que comprara una tarjeta y después reclamara el importe al ATM. Según el hombre, la mujer se lo tomó mal y le dijo que estaba «loco».

A la altura del paseo Sant Joan, la mujer y los hijos bajaron del autobús, según él por iniciativa propia y según las víctimas por insistencia de él. Fue entonces cuando, según el conductor, la mujer le hizo un gesto diciéndole que le cortaría el cuello. El chófer bajó y quiso hacer una foto con el móvil a la mujer a causa de esta supuesta amenaza, sin tocarla ni a ella ni a sus hijos, ha explicado. Después informó del incidente a TMB.

En cambio, la mujer y su hija mayor explicaron que el conductor primero tuvo una discusión con un motorista, y cuando ellas bajaron se puso violento, bajó y las siguió insultando.
La sentencia impone que sea TMB quién pague las indemnizaciones, puesto que es la responsable del correcto funcionamiento del servicio. Además, el tribunal reprocha a la empresa pública que la formación a los conductores «tiene que complementarse con otras medidas».

La acusación particular le pedía 1 año y 9 meses de prisión, mientras la fiscalía, por un delito contra la integridad moral y tres de lesiones leves, le pedía 10 meses de prisión, 3 años y 10 meses de inhabilitación para oficio educativo, deportivo o de ocio, 4 años de prohibición de aproximación o comunicación con las víctimas y más de 9.000 euros entre multas e indemnizaciones.

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