El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa principal sobre el procés, Pablo Llarena, ha confirmado este martes el procesamiento del expresidente catalán Carles Puigdemont por los delitos de desobediencia y malversación agravada, pero ha vuelto a descartar atribuirle el delito de desórdenes públicos agravados, que sustituyó al de sedición a raíz de la última reforma del Código Penal.
Llarena ha desestimado los recursos interpuestos por la defensa y las acusaciones contra el auto de procesamiento que había dictado el pasado 12 de enero. Entonces, no sólo rechazó procesar a Puigdemont por desórdenes públicos, sino que también dejó sin efecto la euroorden dictada contra el eurodiputado de Junts, si bien mantuvo la orden de búsqueda y captura de ámbito español.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le habían reclamado el procesamiento por el delito de desórdenes públicos agravados, pero Llarena ha rechazado el argumento de que limitando el procesamiento a los delitos de desobediencia y malversación agravada se limita el principio acusatorio, planteado por la Abogacía del Estado. En ese sentido, ha aducido que el auto no establece definitivamente la calificación jurídica que recibirán los hechos en un eventual juicio.
La reafirmación de Llarena sobre el procesamiento de Puigdemont puede ser objeto de un recurso de apelación.
