Citizen Lab no ha analizado físicamente ningún teléfono móvil en su ‘CatalanGate’

El activista independentista Elies Campo y el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, suministraron al colectivo canadiense la información contenida en los dispositivos supuestamente espiados

Imatge del web especial que va fer l'empresa catalana Domestic Data Streamers pel 'CatalanGate' de Citizen Lab

El colectivo canadiense Citizen Lab concluyó que los teléfonos móviles y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya fueron atacados con el software Pegasus sin tener acceso directo a ninguno de ellos. Todas las conclusiones del CatalanGate creado por Citizen Lab sobre este presunto espionaje se basa en las informaciones que le hicieron llegar Elies Campo, un activista independentista que introdujo una urna en el Casinet d’Hostafrancs para el referéndum del 1 de octubre de 2017, y Gonzalo Boye, abogado de diferentes dirigentes independentistas, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Tanto Elies Campo como Gonzalo Boye aparecen como supuestas víctimas del espionaje con Pegasus.

En su libro “Pegasus” el expresidente del Parlament Roger Torrent escribe: “ahora que sabemos de qué va todo esto, apenas necesitamos científicos informáticos para discernir mensajes sospechosos de otros inofensivos. Nos hemos convertido en rastreadores expertos. (…) Estamos contando y recopilando toda la información para transmitirla a Elies Campo. En el caso de JxCat están haciendo lo mismo. Boye está realizando un inventario”.

Los teléfonos móviles nunca estuvieron físicamente en manos de los investigadores de Citizen Lab. En algunos casos eso ha dado lugar a situaciones pintorescas y que desprestigian las conclusiones y el rigor científico del informe de Citizen Lab. Todos los presuntos espiados se han negado a entregar sus teléfonos móviles a las autoridades judiciales que se los reclaman para realizar pruebas periciales independientes. Torrent ha dicho, por ejemplo, que ya no tiene el teléfono que utilizaba cuando asegura que fue espiado. El ex conseller de Salut Toni Comín dice que no ha podido confirmar el presunto espionaje de su teléfono móvil porque no recuerda el password de acceso al mismo. En Comín coincide, además, que Citizen Lab lo incluyó como víctima del CatalanGate cuando lo publicó en su web en abril del año pasado pero que rectificó en diciembre diciendo que había sido un error. El director de Citizen Lab, Ronald Deibert, lo atribuyó a la confusión de uno de sus investigadores que interpretó que las iniciales A.C. con que se había identificado un teléfono correspondían a Comin. Su sitio lo ocupa ahora este A.C. que se mantiene en el anonimato. Jordi Solé, eurodiputado de ERC que forma parte de la comisión de la Eurocámara que investiga el uso de Pegasus en varios países europeos, descubrió que su teléfono estaba infectado un mes antes de que Citizen Lab publicara su CatalanGate porque Elies Campo le analizó su teléfono en el Parlament de Catalunya. Elisenda Paluzie, ex-presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), afirmó hace unos días que había hecho analizar su teléfono móvil por unos peritos distintos de los de Citizen Lab y le habían detectado una infección que los canadienses no habían descubierto. En el teléfono de otro ex-presidente de la ANC, Jordi Sánchez, Citizen Lab no encontró ninguna infección en un primer análisis. Campo le pidió que se lo dejara manipular una segunda vez y entonces se encontraron 25 infecciones. Diana Riba, eurodiputada de ERC y miembro de la misión del comité europeo que está visitando España estos días, afirmó que, según Citizen Lab, su teléfono móvil había sido infectado en dos ocasiones. En el informe de Citizen Lab sólo consta una infección.

Toda esta serie de despropósitos e incongruencias podrían aclararse si una comisión independiente analizara los datos con los que ha trabajado Citizen Lab para llegar a las conclusiones de su CatalanGate. Cientos de expertos y académicos se lo han pedido pero se ha negado sistemáticamente.

El profesor del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, José Javier Olivas, uno de estos académicos, en su estudio “Una revisión crítica del informe CatalanGate de Citizen Lab”, presentado a primeros de marzo en Parlamento europeo, concluye que “la participación de organizaciones secesionistas catalanas en el trabajo de campo y en la campaña de comunicación y el hecho de que sólo se analizaran los teléfonos de políticos y activistas secesionistas demuestran que este informe no fue guiado por consideraciones neutras de investigación”.

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