La Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado ante la fiscalía un delito de odio a los autores de un mensaje falso, difundido por WhatsApp, Twitter y otras redes sociales. En el mensaje se afirmó que la Guardia Civil había detectado la presencia de 1.600 personas, residentes en Marruecos, empadronadas fraudulentamente en un piso donde únicamente residían cinco personas, para cobrar ayudas sociales y votar por correo en las elecciones municipales.
El Ayuntamiento liderado por Ada Colau considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años y multa. Ha propuesto que los Mossos d’Esquadra recaben los datos necesarios sobre la autoría y los datos de filiación de las personas que se encuentran detrás de los perfiles de Twitter identificados y averigüe si se han producido otras comparticiones masivas.
El Consistorio ha identificado cuatro cuentas de Twitter que se hicieron eco del texto, detrás las que hay un agente de la Guardia Civil, L. C., que consiguió 2.711 reproducciones, y un inspector de policía, R. L. C, con 89.900 visualizaciones, entre otras personas. La denuncia concluye que “estos hechos no pueden estar amparados en el derecho a la libertad de expresión”, ya que de “manera clara y explícita” suponen un “menosprecio y una humillación para la comunidad magrebí y la de Marruecos”. Ha añadido que se incluyeron mensajes “discriminatorios y que promueven la violencia también entre el colectivo de personas extranjeras”.
