Jordi Pujol Jr. compró una empresa de ambulancias para hacer negocios con la Generalitat

David Madí y sus socios están imputados por la Audiencia Nacional, al estar bajo sospecha la adjudicación de tres lotes del transporte sanitario de Cataluña

Jordi Pujol Ferrusola

El sector de las ambulancias es un terreno propicio para los trapicheos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto una investigación sobre la adjudicación de este servicio, por parte de la Generalitat, a la empresa Ivemon Ambulancias Egara.

Esta compañía, controlada por personas próximas a David Madí, se llevó tres lotes, valorados en más de 400 millones de euros, en el último concurso convocado por la Generalitat, en 2015, y que todavía está vigente. De momento, el magistrado Santiago Pedraz ha imputado a ocho empresarios, entre los cuales está David Madí, ex-mano derecha de Artur Mas y hombre clave en la organización del proceso independentista.

Pero David Madí no fue el primero en darse cuenta que el negocio de las ambulancias concertadas con la Generalitat era una “mina de oro”. Esta es una tradición convergente. Jordi Pujol Ferrusola (Júnior), en los años locos de sus aventuras empresariales, mientras su padre, Jordi Pujol i Soley, era el presidente de la Generalitat, fue el protagonista de uno de los primeros casos de escándalo en el oscuro mundo del transporte sanitario.

El 15 de diciembre del 1999, el Júnior adquirió el 52% de la compañía Ambulancias San Patricio, junto con su socio Jordi Puig Godes, hermano de su gran amigo Felip Puig. Desembolsaron 52 millones de las antiguas pesetas, unos 312.000 euros al cambio. El 23 de mayo del 2000, esta compañía recibía una gran noticia: se le había adjudicado el contrato del transporte sanitario en las comarcas del Tarragonès, Alt Camp y Conca de Barberà. En aquel momento, el periodo del contrato era de un año, renovable por anualidades hasta cinco años.

Para asegurarse que no habría problemas de competencia, los dos nuevos socios de Ambulancias San Patricio hicieron firmar una cláusula a los antiguos dueños, comprometiéndose a no concurrir directa o indirectamente en concursos sanitarios en estas comarcas durante los cinco años siguientes.

A finales del 2000, los Jordis se dispusieron a vender y a rentabilizar su inversión. La compañía había pasado de facturar 215 millones de pesetas (algo más de 1,3 millones de euros) el 2000, a 411,5 millones de pesetas el 2001 (casi 2,5 millones de euros, con un beneficio de 307.000 euros). Una carta firmada por Jordi Puig ofrecía a potenciales empresarios (entre ellos, Pedro Rodríguez Inciarte, de Saarema, y Vicente Beneyto, de Eysa) comprar Ambulancias San Patricio. “Se han negociado los nuevos conciertos para el año 2001 entre la Administración y las empresas adjudicatarias”, advertían a manera de cebo. En otras palabras, les dejaban una empresa con los contratos ya firmados con el Gobierno para poder seguir teniendo el servicio público.

La carta decía también que, aunque no tenía un plan a cinco años vista, “solo con las previsiones para el año 2001 y 2002 se deduce que una toma de participación por un valor de 300 millones por la sociedad puede suponer una generación importante de plusvalías a inversiones que entran en un horizonte de 2/3 años”. Esto les supondría a los dos socios triplicar la inversión en solo un año, puesto que de los 300 millones de pesetas que pedían, a ellos los corresponderían 156 millones de pesetas (unos 936.000 euros), cuando un año antes habían pagado 52 millones por estas acciones. También reseñaban que estaban pendientes de una posible fusión con Ambulancias Reus para ocupar el 100% del territorio de Tarragona. En aquel momento, el 72,6% de la facturación de Ambulancias San Patricio era de los contratos con la Generalitat.

La compañía, sin embargo, entró en una dinámica destructiva: el 2005, en tiempo del Tripartito, la empresa renunció a la concesión en las comarcas del Alt Camp y la Conca de Barberà, donde las denuncias por las deficiencias en el transporte eran constantes y graves. Los expedientes sancionadores y las notificaciones de ejecución y embargos se iban acumulando encima de la mesa, tanto por parte del Ayuntamiento de Tarragona como de la Agencia Tributaria. Al final, acabó siendo cerrada abruptamente por vía de oficio el 2010 por la Agencia Tributaria, porque no había presentado durante tres periodos impositivos consecutivos la declaración del Impuesto sobre sociedades. Poco antes, había dado por no cobrado la deuda contraída con organismos públicos.

*Podéis leer el reportaje íntegro en la edición de esta semana de la revista EL TRIANGLE

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